La Provincia de Buenos Aires ha intensificado su conflicto financiero con la Casa Rosada al centrar el debate en una suma que encapsula la controversia y ha comunicado su nueva determinación al respecto.
En abril, la administración de Kicillof había revelado que la Nación tiene una deuda acumulada de $16,7 billones con la provincia, derivada de transferencias no realizadas, obras detenidas y programas sin financiamiento.
“El Gobierno nacional desconoció su compromiso de presentar una propuesta de pago en la audiencia de hoy en la Corte Suprema por los más de $2,3 billones que nos adeuda ANSES”, manifestó Kicillof en una publicación en su cuenta de X.
Por ello, la gestión bonaerense ha decidido dar por finalizada la etapa de conciliación y avanzar por la vía judicial.
Desde el gobierno provincial sostuvieron que “así es como construyen el superávit”, en una clara alusión a la administración nacional. “Construyen el superávit, negando el pago a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, subrayó Kicillof en un comunicado emitido.
El gobernador estimó que la deuda con la provincia de Buenos Aires supera los $22 billones, incluyendo lo que no se ha transferido y la merma en la recaudación. “No son cifras insignificantes, equivalen a la mitad de nuestro presupuesto anual”, enfatizó.
“Seguiremos reclamando esos fondos porque pertenecen al pueblo bonaerense, no son de un Gobernador”, concluyó.
En el informe oficial presentado por Kicillof en abril, se desglosa el monto total en tres categorías principales.
Primero, las deudas directas, que suman cerca de $4,1 billones, que incluyen obligaciones como las transferencias de ANSES a la caja jubilatoria provincial —un tema muy delicado—, compensaciones del Consenso Fiscal de 2017, fondos educativos como el FONID y programas de salud y asistencia social.
El segundo componente abarca los saldos de obras públicas que la Nación se comprometió a llevar a cabo en territorio bonaerense, que rondan los $9,2 billones. Esto incluye proyectos detenidos o discontinummados, abarcando desde iniciativas de vivienda como Procrear o Casa Propia hasta obras de infraestructura gestionadas directamente por el Estado nacional o en conjunto con municipios y universidades.
Por último, la Provincia estima en $3,4 billones la deuda resultante de la interrupción o retraso de programas nacionales. Aquí se encuentra la suspensión o demora en iniciativas fundamentales como el FONID, el fondo de fortalecimiento fiscal (FOFOFI), programas alimentarios, el sistema de transporte y planes sanitarios como Remediar o la provisión de medicamentos para trasplantes.
Dentro de este esquema, uno de los principales focos del desacuerdo es la deuda previsional. La Provincia demanda las transferencias de ANSES que deberían equilibrar el déficit de su caja jubilatoria, un mecanismo vigente desde hace años que representa uno de los ejes centrales de las solicitudes realizadas ante la Corte Suprema.
En total, Buenos Aires ha interpuesto al menos ocho acciones judiciales contra el gobierno de Javier Milei. Entre ellas se incluyen la eliminación del FONID, del fondo de fortalecimiento fiscal, de subsidios al transporte y el incumplimiento de acuerdos fiscales previos.
