Los engranajes de la burocracia estatal tienen movimientos parsimoniosos. Pero los episodios trágicos son vertiginosos. En poco más de un año, hubo al menos cinco casos graves de accidentes en ámbitos deportivos que tuvieron a menores como víctimas. El último ocurrió hace menos de una semana: Bautista, de 12 años, se encuentra internado grave luego de que se le cayera un arco de fútbol en la cabeza en el club Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires. El nene, que está en un sanatorio porteño, sufrió un traumatismo severo y con riesgo de vida.
El 7 de octubre, una nena de 8 años murió luego de un episodio cuando practicaba patín en un club de General Villegas: mientras se deslizaba en el gimnasio un arco metálico cayó sobre ella y la golpeó en la cabeza.
En mayo de este año, Angelina Espinoza, una estudiante de 15 años falleció debido a un shock hipovolémico luego de que un arco de fútbol que estaba apoyado contra una pared se desplomara e impactara en su abdomen.
Hace un año, Benicio Farji, de 8 años, murió tras estar internado por una hemorragia intracraneal severa después de que un arco de handball sin asegurar cayera sobre él en el Club Argentino de Quilmes.
Martín Páez, de 13 años, falleció el 2 de noviembre de 2025 tras caerle encima un arco de fútbol en el Camping del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan, en Rawson.
Aunque el caso más emblemático es el de Joaquín Gatto, el chico de 12 años que falleció en un campamento en Neuquén en enero de 2026. Soledad, su mamá, residente de La Matanza, impulsó la iniciativa que casi en tiempo récord, atravesó las comisiones de la Legislatura y se aprobó por amplia mayoría en ambas cámaras. Por eso la ley lleva el nombre del nene.
En la redacción de la propuesta, que lleva la firma del diputado provincial Facundo Tignanelli (UxP), se describen nueve fallecimientos de niños entre 2007 y 2025. En todos, el factor común son los tres palos que se usan como meta en varios deportes colectivos.
Ahora, la maraña administrativa demora la implementación de la disposición que prevé fijar “medidas de seguridad relativas a la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley, juegos de plaza y/o cualquier otro elemento instalado con fines recreativos, deportivos y/o lúdicos en espacios públicos y privados; con el fin de prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires”.
En la Gobernación adelantaron a Clarín que “está pronto a definirse la reglamentación”, y que entre dos y tres semanas se publicaría en el Boletín Oficial para que se pueda comenzar a aplicar.
En el despacho del autor del proyecto -que tomó el reclamo de Soledad, la mamá de Joaquín y lo convirtió en instrumento legislativo- dijeron que se trata de “un tema muy sensible para que hagamos suposiciones de por qué todavía no lo reglamentan. Desde el Poder Ejecutivo deberían dar esa respuesta”, fue la explicación ante la consulta para esta nota.
Además de este retardo por el recorrido de oficinas provinciales asoma otro interrogante clave: ¿cómo, quiénes y con qué recursos se podrán hacer efectivas las inspecciones, revisiones y supervisiones de las instalaciones que contempla la ley?
En Buenos Aires hay por lo menos 866 clubes que están inscriptos en ligas de futbol o federaciones locales en los 135 municipios. A ese número hay que sumarle instituciones que tienen otros deportes como práctica principal y los miles de establecimientos privados con instalaciones para fútbol en todo el territorio.
“La reglamentación deriva gran parte de la responsabilidad en los municipios”, explicaron en la Gobernación.
En la actualidad, son los distritos quienes establecen los requisitos para la habilitación (en los casos de los predios privados) y también tiene a su cargo las revisiones en clubes o instituciones.
Un dirigente de la Liga Amateur Platense de Futbol explicó a Clarín que “al principio de cada año Aprevide (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) realiza inspecciones en las canchas de los clubes que compiten. Y luego dos o tres veces por año”. En ese caso para los “arcos fijos”.
El directivo es -además- profesor de educación física y también interviene en colegios y clubes barriales. “Los arcos movibles son imposibles de controlar. Hay decenas y resulta inabarcable. Pero en las escuelas no se puede realizar prácticas si el arco no está revisado”.
El responsable del departamento de fútbol del club Alumni (de la liga de Tres Arroyos, a 450 kilómetros de La Plata) explicó que “a principios de cada temporada pasan inspectores de la Policía y la municipalidad, antes de otorgar la autorización para el uso de las instalaciones”. Es una vez al año. Eso ocurre con todas las entidades que participan en ese distrito. Son más de 25 entre primera división y promocionales.
Este esquema se repite en todos los distritos. Aunque -según reconocen en el área de Seguridad- hay algunas gestiones que están más aceitadas que otras. “En el Gran Buenos Aires resulta casi imposible controlar todas las instalaciones deportivas”, reconocen las autoridades.
Una porción amplia de esa tarea queda en manos de los Bomberos, que por delegación de los municipios, supervisan y revisan predios, complejos y centros de concentración pública como parte de los requisitos de habilitación.
Publicada en el Boletín Oficial el 3 de agosto, la Ley Joaquín contempla, entre otras cosas, que los arcos deben tener “sujeción, anclaje o sistema de contrapeso permanentes o removibles de arcos de fútbol, hockey, handball con un peso mayor a veinte kilogramos (20 kg) a la superficie en la que se encuentren instalados”. Y también prevé un “Sistema de contrapeso en aros de básquet con pie”.
Establece que los controles e inspecciones deberán ser efectuados por profesionales matriculados con incumbencia en la materia, quienes deberán extender la correspondiente habilitación o certificación de aptitud técnica, para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas por la Ley. Y que los profesionales intervinientes estarán exentos de gravámenes en sus honorarios por la realización de esta tarea.
Las instituciones alcanzadas deberán exhibir el certificado extendido por el profesional matriculado “de manera continua y accesible”.
También sostiene que “la Autoridad de Aplicación determinará multas y sanciones a las instituciones alcanzadas que incumplan lo dispuesto en la presente”. Aunque todavía no están los montos de las multas. Y tampoco quién será autoridad de aplicación.
La Plata. Corresponsalía
MG
Corresponsal en la ciudad de La Plata fdebesa@clarin.com
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