La detención de Nicolás Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina no alteraron la postura de Venezuela frente a los requerimientos de la Justicia internacional. El nuevo escenario político en Caracas mantiene paralizadas las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción que involucran a funcionarios chavistas y a empresarios o exfuncionarios argentinos vinculados a negocios bilaterales acordados durante el kirchnerismo.
A pesar de las renovadas solicitudes enviadas desde los tribunales federales de Buenos Aires, los exhortos tramitados ante la administración venezolana siguen sin obtener respuesta. Esta falta de cooperación institucional paraliza más de una docena de expedientes judiciales que buscan determinar el destino de más de 3.000 millones de dólares del patrimonio público y que investigan presuntos delitos de contrabando, sobreprecios y lavado de dinero.
Entre los principales casos afectados se encuentran las causas iniciadas por irregularidades en el fideicomiso bilateral que estuvo vigente hasta 2016. Las pesquisas apuntan a maniobras con exportaciones de maquinaria agrícola y otros bienes, en las cuales se habrían pagado sobreprecios y cobrado comisiones ilegales a empresas locales para acceder al mercado venezolano. La ausencia de documentación oficial y de datos bancarios provenientes de Caracas impide avanzar en las acusaciones contra exfuncionarios del área de planificación y de organismos de control vial.
El bloqueo informativo también impacta en expedientes relativos a contrataciones con firmas privadas que actuaron como intermediarias o consultoras en operaciones con empresas estatales venezolanas. Sin el intercambio de información financiera entre ambos países, diversas causas han derivado en sobreseimientos o fueron archivadas, al resultar inviable para los tribunales locales acreditar técnicamente la existencia de sobreprecios o la ilegalidad en los flujos de fondos derivados a sociedades radicadas en el exterior.
