Además, según fuentes parlamentarias de la Cámara baja, se han presentado dos pedidos de informes impulsados por miembros de Unión por la Patria.
Previo a esta decisión, la comisión bicameral, que en ese momento era presidida por Martín Lousteau, había rechazado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la SIDE y había emitido una serie de planteos por escrito que no fueron respondidos por Auguadra, quien responde a Santiago Caputo, su asesor más destacado.
El funcionario también se mostró evasivo ante los cuestionamientos sobre el DNU 941/2025, emitido por la SIDE a fines de diciembre pasado y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026. Esta normativa revisa la Ley de Inteligencia y otorga a los agentes de inteligencia poderes excepcionales para realizar detenciones en situaciones de flagrancia o mediante requerimientos judiciales.
“Incluso el decreto permitiría a las Fuerzas Armadas a intervenir. Queremos saber qué están haciendo”, alertaron desde Unión por la Patria.
En respuesta a este decreto, diversos sectores políticos, incluido el PRO, manifestaron su rechazo a través de comunicados críticos. Además, se presentaron numerosas acciones de amparo que fueron desestimadas por la Justicia, al no hallar amenazas concretas a las libertades individuales.
Los pedidos de informes peronistas, redactados por Rodolfo Tailhade y firmados también por Agustín Rossi, abordan principalmente la reciente aparición de una valija con 19 dispositivos de espionaje profesional, descubierta tras un operativo judicial en la propiedad de Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, en Palermo Chico.
En estos allanamientos, la Policía Federal también incautó 2.4 millones de dólares en efectivo y sustancias sintéticas.
“Un equipo de vigilancia encubierta no se acumula de forma casual ni por la afición de un coleccionista: se obtiene para seguir a personas. La pregunta que esta Comisión no puede evadir es crucial: ¿quién era objeto de vigilancia, con qué información y para quién?”, cuestionaron los diputados de UxP en su solicitud de informes.
Asimismo, señalaron que “no es un asunto menor” que “el máximo responsable de dos organismos que manejan infraestructura crítica, como los Aeropuertos y las telecomunicaciones —redes de fibra óptica, capacidad satelital, centros de datos— dispusiera de un equipo de inteligencia de tal magnitud sin que ningún órgano de control lo advirtiera”.
“Por ello, es vital que la Comisión solicite al Sr. Juez Federal (Lino) Mirabelli copias certificadas de los documentos relacionados con la incautación, peritaje, informe y toda la información pertinente sobre el equipamiento de inteligencia encontrado en la propiedad de Facundo Leal”, añadieron.
El segundo pedido de informes relacionado al tema menciona la supuesta incorporación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en sustitución de Marcelo Romero. En esta presentación, los legisladores de UxP advirtieron que, hasta la fecha, tal designación no ha sido formalizada a través de su publicación en el Boletín Oficial.
