El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado en varias ocasiones que Argentina necesita diversificar su mercado de capitales y disminuir su dependencia del financiamiento internacional.
Se estima que, a partir de 2027, los fondos generados por el FAL constituirán una importante suma de dinero que podría ser aprovechada por el Estado, en un año electoral que no se presenta sencillo en términos de financiación.
“La reglamentación de las pautas de inversión del FAL era una medida esperada. Fija reglas claras sobre dónde y cómo pueden colocarse los aportes de los empleadores, en lugar de dejar la cuestión librada a la discrecionalidad de cada entidad habilitada”, comentó Sebastián Domínguez, Agente Productor de la CNV.
El profesional resaltó que “los límites de diversificación, el piso de liquidez mínima y la prohibición de invertir en instrumentos vinculados a la propia entidad administradora conforman un esquema orientado a preservar el capital aportado y a garantizar que los fondos estén disponibles cuando corresponda pagar las prestaciones de la Ley 27.802”.
Sin embargo, en una consulta se indicó que, aunque no hay un límite para el financiamiento del Estado Nacional, la norma establece restricciones para provincias y municipios.
Alejandro Rodríguez, Director del Instituto Consenso Federal, criticó la falta de un tope al financiamiento del Estado Nacional. “El artículo 5° de la norma pone topes concretos a casi todas las alternativas de inversión, pero no establece un porcentaje máximo para los títulos de deuda del Estado Nacional. Además, para comprar deuda de una provincia, el título debe tener una calificación AAA nacional de al menos dos calificadoras. Lo mismo ocurre para adquirir obligaciones negociables privadas. En cambio, para la deuda del Estado Nacional no se exige dicha calificación”, subrayó.
Rodríguez agregó: “De esta manera, el esquema regulatorio diseñado por el gobierno termina otorgando un tratamiento particularmente favorable a los títulos nacionales: son activos elegibles, no tienen un límite porcentual específico como sí lo tienen las provincias, bancos y empresas, y no están sujetos al requisito de calificación de doble AAA”.
“Con esta ingeniería, el Mago Caputo acaba de sentar las bases para un nuevo y gran manotazo: el FAL, que comenzará a regir desde noviembre de este año, generará en 2027 un nuevo stock de ahorro forzoso vinculado al empleo privado, por aproximadamente 4.000 millones de dólares”, concluyó.
