En un comunicado publicado en su cuenta de X, el ex mandatario expresó: “Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”.
Macri cuestionó específicamente el razonamiento que fundamentó la decisión de Pascual, citando un trecho de la sentencia donde la jueza admite que su resolución se basa en presunciones: “El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá”. El ex presidente subrayó que esos elementos no fueron documentados en el expediente.
Adicionalmente, planteó un argumento de índole constitucional, afirmando: “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”. Para Macri, los tribunales deben ejercer el control de constitucionalidad en situaciones concretas, no de manera abstracta o anticipada.
En relación al impacto de la medida cautelar, mencionó que una norma del Congreso de la Nación, promulgada por el Poder Ejecutivo y vigente en todo el país, fue interrumpida en la jurisdicción más densamente poblada y con los mayores índices de violencia. “Es realmente muy preocupante esta alteración del equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado”, concluyó.
La decisión de la jueza Pascual fue adoptada el 7 de septiembre de 2026 y suspendió de manera preventiva durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece en 14 años la edad de responsabilidad penal, en toda la provincia. Esta resolución se produjo en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.
En este contexto, el fiscal Hernán Cerutti, perteneciente a la Delegación del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, apeló la resolución este miércoles, solicitando que la medida cautelar quede sin efecto mientras la Cámara de Apelación y Garantías evalúa el asunto. Según el Ministerio Público, la decisión de Pascual genera un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, ya que se extienden los efectos de una decisión judicial a toda la provincia sin identificar un acto concreto que haya restringido la libertad de algún adolescente.
Uno de los puntos clave de la apelación es el uso del hábeas corpus. El Código Procesal Penal bonaerense establece que este recurso se aplica ante acciones u omisiones que, de forma actual o inminente y de manera ilegal o arbitraria, amenazan la libertad personal. De acuerdo con el recurso presentado por Cerutti, ninguna de estas condiciones fue acreditada: no se identificó a ningún adolescente detenido por la aplicación de la norma, ni decisiones ilegales previas que hubieran restringido su libertad.
La Fiscalía también puso en tela de juicio la base empírica del fallo. Pascual había advertido que la inclusión de adolescentes de 14 y 15 años en el sistema penal podría incrementar significativamente el número de jóvenes afectados y que la provincia debía contar con la infraestructura y recursos necesarios para garantizar sus derechos. Sin embargo, el Ministerio Público objetó que esta conclusión carecía de datos concretos y enumeró varias preguntas que la sentencia no abordó: cuántos adolescentes serían efectivamente incorporados, cuántos podrían ser privados de su libertad, cuál sería la capacidad de los establecimientos y qué medidas podrían implementar las autoridades bonaerenses. “La conclusión adoptada por la resolución transforma una posibilidad en una certeza”, afirmó el escrito de apelación.
Marta Pascual cuenta con más de 35 años de experiencia en áreas relacionadas con la niñez y la adolescencia. Abogada egresada de la Universidad Nacional de La Plata y con posgrados en Derecho Público y Magistratura, ocupó diversos cargos en organismos provinciales dedicados a estas políticas durante la gestión de Hilda “Chiche” González de Duhalde. Fue ministra de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires antes de integrarse al Poder Judicial bonaerense y ha trabajado como consultora para UNICEF. Además, presidió la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia.
En una reciente entrevista radial, la magistrada resumió su postura: “No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma. Hay una sensación de que con esta ley le damos más seguridad a la gente, pero no vamos a crear más seguridad. Tenemos que tener los mecanismos para poder implementar la ley.”
