Durante el inicio de la sesión, antes de la discusión sobre la ley de Inocencia Fiscal, se aprobaron por 66 votos los pliegos de Greenway y Catania, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Ambos jueces habían visto sus candidaturas detenidas por instrucciones de la Casa Rosada, debido a sus vínculos con el presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.
Posteriormente, los bloques aliados de la UCR y de Provincias solicitaron la firma del despacho, y tras la aprobación del Gobierno, se procedió con el avance para ratificar estos pliegos.
Asimismo, se votó el pliego de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, que también había enfrentado demoras por su cercanía con la agrupación K “Justicia Legítima”.
En otro aspecto, el Senado aprobó por 44 votos contra 21 los convenios firmados entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires relacionados con fueros penales, en temas vinculados a delitos cometidos por menores y a casos de integridad sexual. Estos proyectos fueron respaldados por los bloques de LLA, UCR, PRO y otros aliados, y ahora deben ser revisados por la Cámara de Diputados.
Si estos convenios son ratificados tanto en el Congreso como en la Legislatura, la justicia local comenzará a investigar y juzgar delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta el día en que cumplan 18, aunque sean adultos al momento del juicio. También cubre a adultos imputados junto con menores, asegurando la unidad en la investigación y el juicio. Para menores de 14 años, se contemplan intervenciones judiciales de protección.
Se prevé además el inicio de negociaciones para la firma de convenios específicos sobre transferencias de recursos.
El Ministerio de Justicia de la Nación se comprometió a implementar las medidas necesarias para cerrar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, gestionando las causas pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación seguirán interviniendo en esos casos previos.
El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita, afirmó que estos convenios se fundamentan en el artículo 129 de la Constitución, que “reconoce a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción”. Defendió así que “aprobar estos convenios es sencillamente cumplir con un mandato de la Constitución que la Corte Suprema viene exigiendo”.
Por su parte, desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich expresó que las provincias han manifestado su preocupación por la profundización de asimetrías en el federalismo fiscal, ya que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, siendo el distrito más rico del país con autonomía fiscal y financiera.
El presidente de la bancada radical, Eduardo “Peteco” Vischi, sostuvo que transferir esta competencia a la Ciudad “no es un favor, sino normalizar la república, restablecer el rol federal del Poder Judicial y garantizar a los ciudadanos porteños una justicia más ágil”.
Finalmente, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, celebró la firma de estos convenios, subrayando que “llevamos 30 años intentando que CABA tenga sus capacidades jurisdiccionales. Esta no es una decisión en contra de nadie, es culminar, por parte, una tarea que la Constitución ya mandató.”
