El Juzgado Federal de La Rioja dio curso a dos ejecuciones fiscales iniciadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra Rioja Vial S.A.U., la firma estatal perteneciente a la administración del gobernador Ricardo Quintela. El reclamo del organismo recaudador asciende a un capital de $302.712.933,53, aunque la cifra total bajo intimación se eleva a unos $348,1 millones al contemplar la previsión judicial para intereses y costas.
Las medidas quedaron asentadas en los expedientes 46395/2026 y 46415/2026, tras las resoluciones firmadas digitalmente el pasado 4 de noviembre y dadas a conocer el día 12 por el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. En las actuaciones, el magistrado declaró la competencia del tribunal y dispuso intimar a la compañía al pago de las sumas exigidas, aunque los decretos no precisan cuáles son los tributos ni los períodos fiscales que originaron las demandas.
El monto reclamado por el fisco nacional se divide en dos causas: una por $134.038.344,34 y otra por $168.674.589,19. Sobre esos valores, el juzgado sumó un 15% adicional de carácter provisorio —que no representa una liquidación definitiva— destinado a cubrir eventuales intereses y gastos del proceso, alcanzando así el monto global cercano a los $348,1 millones.
A partir de la notificación, la firma estatal cuenta con un plazo de cinco días —ampliable por un día más en razón de la distancia, de corresponder— para presentar las defensas legales previstas en este tipo de procedimientos. Sin embargo, la resolución judicial ya dejó habilitado el avance sobre el patrimonio de la empresa en caso de que el requerimiento no sea saldado tras diligenciarse el mandamiento.
De concretarse la falta de pago, la orden autoriza a trabar embargos sobre cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo, fondos y otros valores financieros registrados a nombre de Rioja Vial S.A.U. en distintas entidades, hasta cubrir tanto el capital adeudado como el porcentaje presupuestado para costas. Los montos que eventualmente sean retenidos deberán transferirse a una cuenta del Banco Nación a disposición del tribunal.
La existencia de esta autorización no implica que las retenciones financieras ya se hayan ejecutado de manera efectiva. Asimismo, el fallo faculta a ARCA a disponer el levantamiento total o parcial de las medidas cautelares en el supuesto de que la sociedad estatal cancele o regularice su situación fiscal.
Rioja Vial S.A.U. cuenta con un historial ligado a la ejecución de infraestructura local, habiendo sido reconocida en 2022 mediante una ordenanza de la capital provincial por sus tareas y su participación en el Plan Angelelli. Ahora, estos nuevos expedientes judiciales colocan a la compañía bajo la lupa por sus obligaciones pendientes frente al fisco nacional.
