En un comunicado difundido más temprano, el sindicato ATE había advertido que el impacto se sentiría en todos los aeropuertos del país. También hubo demoras en Aeroparque, en vuelos a Jujuy, Salta, Posadas, Mar del Plata, Córdoba, Catamarca y Río de Janeiro. Sin embargo, fuentes aeroportuarias señalaron pasado el mediodía que el servicio se había normalizado y que no tenían reportes de conflictos en ninguno de los otros 33 aeropuertos de la Argentina.
La protesta busca denunciar el congelamiento de una parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias y el desfinanciamiento de distintas áreas, explicó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE/ANAC.
A diferencia del “trabajo a reglamento”, la protesta “a la japonesa” implica que los trabajadores no dejan sus puestos ni suspenden sus tareas, sino que extreman el cumplimiento de las normas. En este caso, la medida se concentró principalmente en las áreas de control terrestre. Aunque durante la mañana también se habría sumado una retención de tareas administrativas, no estaba previsto que la situación derivara en cancelaciones de vuelos y, hasta el cierre de esta nota, no se habían registrado.
Fuentes aeroportuarias indicaron que el conflicto se habría originado en los controles de los buses de Intercargo que trasladan pasajeros entre las terminales y los aviones próximos a despegar. Debido a la modalidad del paro, las revisiones fueron minuciosas e incluyeron, por ejemplo, pedidos de documentación sobre los seguros y el estado de los matafuegos. Al menos cuatro vuelos se habrían demorado por esos controles sorpresivos, lo que provocó un “efecto embudo” de pasajeros en las puertas de embarque, según describió otra fuente vinculada a esos organismos.
“No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional”, dijo Belelli.
Desde la ANAC advirtieron que cualquier medida de los trabajadores debe realizarse “sin comprometer la continuidad del servicio” y que “no corresponde realizar controles, exigir procedimientos o adoptar medidas que excedan los protocolos vigentes o las facultades de cada trabajador”. También alertaron sobre posibles sanciones e incluso denuncias penales.
Pasajeros que regresaron al país durante la protesta señalaron que en Ezeiza había demoras de más de una hora en los trámites migratorios y que las filas se extendían. Al cierre de esta nota, fuentes oficiales vinculadas al aeropuerto aseguraron que la situación se había normalizado, también en el sector de Migraciones. Esa dependencia, además, negó que tuviera trabajadores propios adheridos a la medida de fuerza.
La secretaria general adjunta de ATE, María Mercedes Cabezas, defendió la protesta y afirmó que existe un “atraso salarial y congelamiento de los haberes”.
“El argumento del ajuste es falso: la ANAC cuenta con una recaudación propia superior a los 220.000 millones de pesos. Esos recursos existen y deben volcarse de manera imperativa al financiamiento operativo del organismo”, sostuvo Cabezas en una extensa publicación en redes sociales.
La dirigente gremial también señaló que entre el 16 y el 20 de este mes profundizarán las medidas con “retención de tareas en los servicios de extinción de incendios de todos los aeropuertos del país”.
“Estas acciones se ponen en práctica con el objetivo de dar visibilidad a la falta de financiamiento que los trabajadores de la ANAC venimos sufriendo, y sobre todo, al atraso salarial con un congelamiento de parte de los haberes desde principios de este año”, advirtió el comunicado sindical al anunciar la medida.
En el texto también sostuvieron que “la ANAC cuenta con una recaudación superior a los 220.000 millones, recursos que deben volcarse de manera imperativa en el financiamiento operativo y en mejoras salariales para los trabajadores del organismo”.
En otro comunicado, la ANAC advirtió que “estas acciones deben desarrollarse dentro de los procedimientos establecidos y de las competencias del personal, sin comprometer la continuidad del servicio”.
“Cualquier actuación que implique una extralimitación de funciones u obstaculice el normal funcionamiento de los servicios aeroportuarios podría dar lugar a las responsabilidades administrativas y legales correspondientes, incluida una eventual denuncia penal por abuso de autoridad o sabotaje”, insistieron desde el organismo.
La ANAC también pidió a los pasajeros que reporten “demoras, controles o procedimientos que pudieran exceder los protocolos establecidos o afectar el normal funcionamiento de los servicios aeroportuarios”.
