La odisea del iPhone 15 en la causa Adorni: Buscan mensajes borrados y la trazabilidad de las criptomonedas
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa acumulando frentes de pesquisa, con dos elementos clave en el centro de la atención judicial: la dificultad para acceder al contenido del teléfono de un contratista clave y los movimientos financieros en criptomonedas.
El enigma del iPhone 15
El iPhone 15 de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones millonarias en la casa que Adorni posee en el exclusivo country Indio Cuá, se ha convertido en una pieza fundamental que la Justicia aún no ha podido descifrar. El dispositivo será sometido a una nueva y especializada pericia técnica ante la imposibilidad de abrirlo en un primer intento.
Tabar, en su declaración ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, afirmó haber efectuado obras y remodelaciones valuadas en aproximadamente u$s245.000 en la propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz. El contratista entregó voluntariamente el teléfono luego de su testimonial en Comodoro Py. Sin embargo, un primer intento de acceder a su contenido no tuvo éxito.
Por este motivo, el aparato fue derivado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño. En esta dependencia especializada, se intentará recuperar mensajes y archivos que fueron eliminados.
El foco de los investigadores está puesto en reconstruir las conversaciones de WhatsApp que Tabar habría mantenido con Adorni antes de su presentación judicial. El contratista relató bajo juramento que el funcionario se habría comunicado con él para ofrecerle asistencia y ponerlo en contacto con abogados de su entorno. Si bien Tabar evaluó inicialmente aceptar este acompañamiento, finalmente desistió para “evitar cualquier sospecha de coordinación previa de su testimonio”.
Un elemento que complejiza la tarea de los peritos es que Tabar exhibió ante el fiscal conversaciones configuradas con mensajes temporales. La Justicia busca determinar si es técnicamente posible recuperar estos contenidos borrados, lo que podría resultar crucial para la causa.
La investigación se centra en el patrimonio de la familia Adorni y en las reformas de la vivienda de Indio Cuá, adquirida en 2024. Tabar detalló que los trabajos se iniciaron con un presupuesto cercano a los u$s94.000, pero el monto se elevó hasta alcanzar los u$s245.000, incluyendo mobiliario y diversas remodelaciones. Además, ratificó un punto central de la sospecha: que los pagos se realizaron en efectivo y sin la emisión de facturas ni recibos.
Criptomonedas bajo la lupa
Otro de los ejes de investigación que comenzó a profundizar la fiscalía son los movimientos vinculados a criptomonedas. Tras el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario, su esposa Bettina Angeletti y las sociedades vinculadas a ambos, los investigadores detectaron operaciones realizadas a través de distintas plataformas de activos digitales.
Según trascendió de fuentes judiciales, el expediente ya contiene reportes enviados por exchanges de peso como Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango. En estas plataformas se habrían registrado movimientos de ingreso y egreso de fondos en monedas virtuales como Bitcoin, Ethereum y USDT.
La Justicia busca ahora establecer la trazabilidad de estas operaciones y determinar el período exacto en que se realizaron, así como su posible relación con los gastos que están siendo investigados.
Las medidas fueron impulsadas por el fiscal Pollicita, quien también solicitó información detallada a billeteras virtuales, bancos digitales y otras plataformas de pago para reconstruir el circuito financiero completo del funcionario. Entre los datos requeridos figuran movimientos de cuentas, legajos e incluso las direcciones IP asociadas a las transacciones.
Un dato que encendió las alarmas de los investigadores es que, según la información incorporada a la causa, la última declaración jurada presentada por Adorni no consignaría operaciones con criptomonedas correspondientes al período fiscal 2024. Esto llama la atención, ya que la normativa vigente obliga a declarar este tipo de activos digitales.
