Durante las mesas de diálogo sobre maíz y trigo, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Productivo, conducidos por Luis Basterra y Matías Kulfas, respectivamente, propusieron facilitar el acceso al crédito para pequeños y medianos productores mediante garantías totales o parciales. Esto aplicaría a créditos otorgados por entidades financieras para quienes necesiten trigo y maíz en el mercado local, empleados como insumos en la cría de ganado y en la producción de alimentos.
Los préstamos, ofrecidos por bancos tanto públicos como privados, estarían respaldados por el Fondo de Garantías Argentino (Fogar). De este modo, los productores no tendrían que trasladar inmediatamente los eventuales aumentos en sus costos a los precios finales, permitiéndoles lidiar con los desajustes de manera más eficiente.
El núcleo de esta propuesta se dirige especialmente a ganaderos y molinos de trigo, con la intención de mitigar el aumento de precios en el consumo de carne y pan.
Además, el Gobierno solicita a cada sector un informe detallado sobre la demanda de granos, lo que permitirá trabajar en conjunto con los productores primarios para asegurar precios y cantidades adecuadas. Por ejemplo, la industria avícola ha informado que ha superado las dificultades a corto plazo, mientras que los molinos consideran que podrán manejar la situación pronto.
Otra medida que se encuentra en etapa de evaluación es la posibilidad de ampliar las operaciones de cobertura a través del Rofex para asegurar volúmenes anuales y precios más bajos.
Los representantes del campo, organizados en la Mesa del Maíz y la Mesa del Trigo, han propuesto al Gobierno la creación de un “fondo anticíclico alimentario”. Este fondo podría utilizar una parte de los ingresos adicionales que el Tesoro obtendría gracias al aumento inesperado de los precios internacionales de las commodities, creando un colchón que permita “desacoplar” los precios locales de los internacionales, un objetivo que el Gobierno busca lograr desde hace tiempo.
Según estimaciones de los actores interesados, el Gobierno proyecta recaudar alrededor de $ 5835 millones en concepto de derechos de exportación durante este año. Sin embargo, con los precios actuales, esa cifra podría superar los $ 8000 millones. El sector agropecuario aspira a que parte de los más de $ 2200 millones retornan a la actividad, aunque se anticipa que ese superávit también financiaría parte de la demanda de insumos importados para la industria.
Como se mencionó anteriormente, el Gobierno se muestra cauteloso sobre la posibilidad de elevar las retenciones a los granos para no agudizar las tensiones con el sector agropecuario y poner en riesgo una agenda de trabajo que va más allá de las circunstancias actuales.
A pesar de ello, la inflación de los alimentos preocupa a los funcionarios, especialmente tras conocerse que la canasta básica alimentaria, que mide el límite de la indigencia, ha aumentado más de 10 puntos por encima de la inflación general del 2020, alcanzando un incremento del 45,5%. En un año electoral, con los ingresos perdiendo frente a la inflación, se pueden anticipar medidas contundentes.
Recientemente, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, participó de una reunión del gabinete económico para informar sobre el impacto del alza de precios a nivel internacional y las acciones que se están llevando a cabo desde el Gobierno en coordinación con la cadena agroalimentaria, buscando que los precios de los alimentos sean “razonables para la población”. Basterra indicó que “se están identificando los instrumentos para lograr un desacople de los precios” y afirmó que el Gobierno se esfuerza por implementar acciones “con el consenso de todos los actores”.
