La preocupación radica en una propuesta de la Comisión Europea, que actúa como el poder ejecutivo del bloque, que podría excluir al biodiésel de soja argentino del mercado europeo. El Parlamento deberá decidir antes del 10 de agosto si acepta o rechaza esta medida. La posibilidad de perder 1.400 millones de dólares anuales si Argentina no logra cubrir la cuota asignada de 1,2 millones de toneladas es significativa, dado que actualmente las exportaciones alcanzan 400 millones de dólares.
El 10 de abril, la Comisión sugirió que los biocombustibles derivados de la soja dejen de contar para los objetivos de descarbonización del bloque, decisión que también se tomó en 2019 con el aceite de palma. La justificación es que el crecimiento global del cultivo impacta negativamente en bosques y tierras que conservan carbono, por lo que consideran que desincentivar la compra de biocombustibles de soja podría contribuir a reducir la deforestación.
No obstante, esta medida no implica una prohibición total: la Unión Europea no restringirá la entrada del biodiésel de soja, que se utiliza en combinación con gasoil en el transporte y en maquinaria agrícola. Sin embargo, al eliminar el incentivo para su demanda, se afectará gravemente su mercado, dado que los biocombustibles son comprados para cumplir con los objetivos de energías renovables. La normativa contempla una reducción gradual que se implementaría por completo a partir de 2030.
El impacto para Argentina es inmediato. El año pasado, las exportaciones de biodiésel a la UE alcanzaron las 280.000 toneladas por aproximadamente 350 millones de dólares, además de 45.000 toneladas de aceite de soja por 50 millones, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales. La UE es el único destino del biodiésel argentino, mientras que la harina de soja, el principal producto de exportación del país, no está incluida en esta normativa.
Uno de los principales reclamos de la industria es el enfoque metodológico adoptado: la Comisión evaluó la expansión del cultivo globalmente y no país por país, lo que afecta a Argentina, donde la superficie sembrada con soja ha disminuido en más de diez años. “El cambio indirecto del uso del suelo es un concepto teórico, de escritorio, muy alejado de la realidad, que implica dejar afuera a la soja como materia prima para biocombustibles”, afirmó Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC, quien planea arribar a Bruselas este fin de semana para mantener reuniones bilaterales con la Comisión Europea. “Estamos coordinando con la industria europea para tratar de bloquear todo este proceso y revertir esta decisión”, agregó.
El reclamo no se limita al biodiésel que se exporta actualmente. “Esto afecta el futuro de los biocombustibles, incluidos los de aviación civil, que representan un gran reto para nuestra industria. Si Europa elimina la soja ahora, tampoco podremos abastecer a las aerolíneas, y tendríamos que recurrir a otros cultivos como camelina, carinata y colza, pero la superficie cultivable sería menor”, advirtió Idígoras. El efecto negativo también se extendería a países como Estados Unidos y Brasil, que exportan soja que luego se procesa en Europa para producir combustible.
Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, también viajó a Bruselas recientemente para abordar esta situación.
La historia de esta normativa se remonta a 2019, cuando el Parlamento Europeo adoptó una postura más estricta respecto del aceite de palma, producto que se cultiva principalmente en Malasia e Indonesia y que se relaciona con la deforestación. Ambos países denunciaron esta decisión ante la Organización Mundial del Comercio, considerándola una barrera comercial encubierta. La normativa exigía una revisión para identificar qué cultivos podrían incluirse en esta categoría, lo que llevó a la inclusión de la soja tras un proceso de consulta pública entre enero y febrero de este año.
La decisión final ahora depende del Consejo y del Parlamento, que cuenta con 720 legisladores, quienes solo podrán aceptar o rechazar el proyecto antes del 10 de agosto. De acuerdo con fuentes consultadas, se anticipa una votación reñida: el centro derecha europeo parece inclinarse por rechazar la propuesta, y países productores como Austria y Rumania también se verían perjudicados.
Sin embargo, dado que Europa no cuenta con una gran producción de biocombustibles a base de soja y prioriza la descarbonización a través de recursos renovables y energía nuclear, se estima que la aprobación sería el resultado más probable, señalaron las mismas fuentes.
De hecho, naciones como Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y España han excluido incluso la compra de biocombustibles a base de soja de sus programas de apoyo nacional.
Aún hay una oportunidad: en la Dirección General de Energía, se está evaluando cómo certificar la producción de biocombustibles de soja de bajo riesgo, un esquema que hasta ahora solo consideraba al aceite de palma. La normativa también prevé revisar, a finales de 2026, el marco de certificación, lo que permitiría a la Comisión examinar los enfoques regionales, una alternativa que podría beneficiar a Argentina por la disminución en la superficie sembrada.
El contexto va más allá del biodiésel. El 99% de la soja global se destina a la alimentación, no a biocombustibles, y la estrategia europea se enfoca en avanzar hacia biocombustibles de segunda generación, que se producen a partir de residuos orgánicos —como aceites de cocina usados, desechos agrícolas o ganaderos, y biomasa forestal— en lugar de los de primera generación, fabricados a partir de alimentos. Además, la lista de lo que se considera segunda generación también se actualizará.
