Las acusaciones se centran en supuestas filtraciones de información confidencial sobre procesos licitatorios, posibles conflictos de interés relacionados con operaciones comerciales de la empresa, así como en la intervención de actores externos que, según diversas fuentes internas, no forman parte del organigrama de FAdeA, pero habrían estado involucrados en decisiones relevantes de contratación.
Antes de unirse a FAdeA, Manco se desempeñó como director general de Logística de la Flota Aérea Presidencial durante la administración de Mauricio Macri, donde estableció una amplia red de contactos en el sector de servicios aeronáuticos y entre operadores del mercado de aeronaves ejecutivas.
Uno de los nombres que surge es el de Claudio Cavina, quien ha sido vinculado en múltiples investigaciones como intermediario entre funcionarios públicos y proveedores del área aeronáutica.
Informes indican que Manco aceptó el pase en comisión de Cavina, quien estaba prestando servicios en el ministerio de Justicia, para encargarse de los asuntos relacionados con las licitaciones de FAdeA, a pesar de que existe un equipo formal de Compras y Contrataciones que es responsable de estos procedimientos.
Un aspecto que alimenta las sospechas es la creación de un grupo de WhatsApp llamado “Licitaciones FAdeA”, establecido por el propio Manco, donde Cavina figuraba como miembro. En una conversación, Manco solicita a Cavina información sobre el estado de distintos procesos licitatorios y pide una “calendarización” de los mismos. Cavina responde que está trabajando en eso, pero necesita más información, y Manco insiste en que le den todo lo que necesita de manera urgente.
Este intercambio podría tomarse como una simple coordinación administrativa, sin embargo, cobra relevancia con la intervención de Julia Enríquez, gerente de Asuntos Legales, Ética y Compliance, quien advirtió a Manco sobre la filtración de pliegos licitatorios antes de su publicación en el sitio oficial Compr.Ar. La advertencia es significativa porque implica la existencia de una denuncia sobre la divulgación indebida de documentos licitatorios, lo cual es de suma gravedad.
Si ciertos proveedores tuvieron acceso anticipado a los pliegos, habrían obtenido una ventaja competitiva al momento de presentar sus propuestas. Esto plantea interrogantes sobre quiénes se beneficiaron de dicha información privilegiada. Entre las presuntas filtraciones se encuentran los pliegos de Servicios de Limpieza, Seguridad, Mantenimiento, Refrigerio, y otros.
Otra línea de cuestionamiento se relaciona con operaciones comerciales de aeronaves privadas que ingresaron a FAdeA para mantenimiento y pintura. Fuentes del área comercial mencionan que Manco habría interferido directamente en la cotización de una aeronave Cessna 402 que llegó a la fábrica a través de la empresa Flight Edge, solicitando a menudo que se redujeran los precios, lo cual generó inquietud en la organización y conjeturas sobre posibles conexiones personales con el propietario de la aeronave.
Un caso similar involucra a una aeronave matrícula LV-GRQ de la empresa Pacific Ocean, donde la diferencia entre el costo estimado para el mantenimiento y el precio finalmente acordado, 5.000 dólares, que se consideró excesivamente bajo, perjudicó la rentabilidad del proyecto. Este asunto fue registrado en un intercambio de mensajes donde el gerente comercial mostraba reticencia a firmar el acta correspondiente, aludiendo a la desventaja económica que implicaba el precio acordado por Manco.
El impacto de esta gestión se agrava al señalar que la pintura utilizada por Pacific Ocean no cumplía con las normativas aeronáuticas, lo cual expone a FAdeA a riesgos legales en caso de un accidente. La fábrica, de la magnitud de FAdeA, debe usar únicamente pintura aeronáutica certificada, un requisito indispensable para mantener su estatus y certificación ante organismos internacionales.
Cabe mencionar que FAdeA obtuvo en 2025 la certificación como “Approved Repair Station” bajo normativas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, lo que obligatoriamente implica cumplir con altos estándares de calidad y gestión.
Las denuncias se han presentado ante la Oficina Anticorrupción y se están evaluando en un expediente judicial en Córdoba. Sin embargo, hasta el momento no hay resoluciones judiciales que confirmen responsabilidades penales de los involucrados. Aun así, la acumulación de denuncias y advertencias internas sobre posibles irregularidades ha generado un clima que aconseja una investigación a fondo por parte de organismos de control y judiciales.
