La Cancillería emitió una declaración en la que relacionó el aniversario del decreto firmado el 10 de junio de 1829 por el gobernador Martín Rodríguez con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que también cumple 50 años este año. Esta resolución exhorta a las partes a no realizar modificaciones unilaterales en la situación mientras persista la disputa de soberanía.
“Toda actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria al derecho internacional”, indica el comunicado oficial.
El documento de la Cancillería señala específicamente la Decisión Final de Inversión anunciada por la empresa británica Rockhopper Exploration PLC junto con la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited, que pretende desarrollar el yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
Este proyecto, que carece de la autorización argentina, contempla una inversión inicial aproximada de 2.100 millones de dólares para su primera fase, con perforaciones previstas para principios de 2027 y una producción estimada para 2028. Rockhopper ha incrementado recientemente su pronóstico de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, cifra que superaría notablemente la del campo Rosebank, el más grande conocido en aguas del Reino Unido.
“Como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión ante las actividades unilaterales e ilegítimas que busquen avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos. Toda exploración y explotación unilateral en áreas de disputa de soberanía es contraria a la Resolución 2065 (XX) y a las resoluciones concordantes de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización. También constituye una acción unilateral e ilegítima del Reino Unido, incompatible con lo estipulado en la Resolución 31/49 de la Asamblea General”, concluye el texto.
El canciller Pablo Quirno también se pronunció en su cuenta de X, reiterando el reclamo soberano y enfatizando que “la Argentina continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su disposición para que el Reino Unido acepte reanudar las negociaciones sobre soberanía”.
Esta declaración se produce semanas después de que un email interno del Pentágono —filtrado en abril— propusiera revisar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales europeas”, incluidas las Islas Malvinas. Esta situación ocurre en un contexto de deterioro de las relaciones entre Washington y Londres tras la negativa de los países europeos y la OTAN a brindar apoyo militar a Estados Unidos e Israel en el conflicto con Irán.
El gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, respondió de inmediato, con un portavoz de Downing Street afirmando que “la soberanía de las Islas Malvinas pertenece al Reino Unido” y que el derecho a la autodeterminación de sus habitantes “es de máxima importancia”. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio minimizó el contenido del correo, enfatizando que este solo contenía “algunas ideas” y subrayó que la posición de Estados Unidos sobre las islas “no toma partido respecto a las reclamaciones de soberanía de ninguna de las partes”.
En un discurso el 2 de abril, durante la conmemoración del 44° aniversario de la guerra del Atlántico Sur, el presidente Javier Milei había establecido el tono al reafirmar la soberanía argentina, advertir sobre una respuesta diplomática ante el avance de Rockhopper y Navitas, y anunciar que el 10% de los ingresos fiscales provenientes de privatizaciones se destinarán a la compra de equipamiento militar, incluyendo la adquisición de 24 cazas F-16 de Dinamarca.
La declaración de la Cancillería también reitera la secuencia histórica del reclamo argentino: el derecho territorial por el principio de uti possidetis iuris desde la independencia de 1810, la toma de posesión formal en 1820 por el coronel David Jewett, la gestión administrativa bajo Luis Vernet como primer Comandante Político y Militar, y la expulsión violenta de las autoridades argentinas el 3 de enero de 1833. Sobre los actuales residentes del archipiélago, el comunicado sostiene que conforman una “población británica implantada” y que, por lo tanto, “la comunidad internacional jamás reconoció a los habitantes de las islas el carácter de ‘pueblo’”, argumentación que Buenos Aires utiliza para rechazar la aplicación del principio de autodeterminación.
El apoyo internacional al reclamo argentino se basa en la resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, adoptada en 1965 sin votos en contra, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía y hace un llamado a la negociación. Este llamado ha sido reiterado en otras nueve resoluciones de la Asamblea General, y en junio de 2025, el Comité Especial de Descolonización adoptó por consenso una nueva resolución en el mismo sentido. El Reino Unido rechaza sistemáticamente la idea de negociar la soberanía, amparándose en el resultado del referéndum de 2013, en el cual 1.672 votantes habilitados optaron mayoritariamente por permanecer como territorio británico.
