Este contexto adverso surge en un momento en que la morosidad es un tema central en la agenda política y económica del país. Argentina presenta actualmente la tasa de morosidad más elevada de América Latina, con un 7,3% de la cartera del sistema bancario en situación irregular a marzo, según un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) sobre 16 naciones de la región.
La problemática de la morosidad no solo afecta a las empresas, sino también a las familias, ya que cerca de 5,8 millones de argentinos tienen deudas con entidades financieras, que incluyen bancos, fintech y otros proveedores de crédito.
El informe de la UIA destaca que “hasta mediado de 2025, el crédito a las empresas había crecido un 106% en términos reales desde diciembre de 2023”. Sin embargo, este avance se detuvo abruptamente entre julio de 2025 y mayo de 2026, con un incremento real de solo 0,2% en el financiamiento al sector. Este estancamiento se relaciona con el “endurecimiento de la política monetaria, con aumento de tasas y encajes bancarios que restringieron el acceso al financiamiento por parte de las empresas”, señaló el organismo.
El total de crédito a empresas industriales ascendió a 25 billones de pesos en junio de 2026, lo que representa el 30% del crédito total a empresas en el sistema financiero. De esta suma, $968.000 millones se encuentran en situación irregular, distribuidos entre 4.231 firmas, que presentan un promedio de $228 millones en deudas. La ruptura de esta cifra refleja una desigualdad, ya que el 40% de las empresas morosas debe menos de 1 millón de pesos, mientras que un 12,5% supera los 100 millones de pesos.
Adicionalmente, el informe de la UIA indica que el 80% de las empresas actualmente en mora eran pagadoras regulares hasta 2024. Este descenso en su situación regular coincide con el aumento de las tasas a mediados de 2025. El flujo mensual de empresas que pasaron a la irregularidad se incrementó de 174 en diciembre de 2024 a 442 en junio de 2026, alcanzando un pico en marzo de 2026, seguido por una baja en junio.
Las tasas de adelanto en cuenta corriente para empresas llegaron al 75% TNA en promedio en octubre de 2025, con máximos diarios del 190% TNA, valores que superan ampliamente la inflación esperada. Aunque dichas tasas han disminuido desde entonces, el informe de la UIA advierte que “uno de los mayores inconvenientes persiste, ya que las tasas siguen siendo elevadas en términos reales para las pymes: en julio, la tasa promedio ponderada de los adelantos en cuenta corriente fue de 42%”.
No todos los segmentos del sector resultaron igualmente afectados. Las grandes empresas experimentaron una reducción del 14,9% interanual real en sus créditos en pesos, mientras que las pymes solo incrementaron un 3,4%, una tasa insuficiente frente a la inflación. Aquellos que accedieron al mercado de divisas encontraron una salida alternativa, con un crecimiento del crédito en moneda extranjera del 39,1% interanual real para pymes y del 30,3% para grandes firmas.
De hecho, el estudio reveló que entre las grandes empresas, el financiamiento en dólares ya supera al crédito en pesos, mientras que las pymes continúan dependiendo mayormente del peso, lo cual las deja en una situación más vulnerable ante el encarecimiento del financiamiento local.
El presidente Javier Milei ha comentado que parte del problema se relaciona con el consumo de televisores durante el Mundial. “Vino el mundial, ¿saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y se llevaban televisores”, afirmó durante el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Sin embargo, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rebatió esta interpretación, culpando al descenso del poder adquisitivo de la población. “Es por la caída del poder adquisitivo”, indicó su portavoz Salvador Femenía, agregando que muchas familias recurren al crédito para adquirir “alimentos, calzado, indumentaria”. Por su parte, el Gobierno sostiene que la situación es “un problema entre privados” y descarta la intervención con fondos públicos.
La morosidad no ha tenido el mismo impacto en todos los subsectores, ya que algunos presentan tasas superiores al 10%, mientras que otros se mantienen por debajo del 1%. Unas 2.100 empresas han logrado refinanciar o saldar sus deudas, representando el 6,2% del total de firmas con crédito bancario.
El deterioro en las carteras crediticias ha generado efectos que trascienden a las empresas afectadas. Los bancos han endurecido las condiciones para todo el sector, encareciendo y limitando el crédito incluso para empresas solventes. La encuesta de indicadores industriales del CEU-UIA del tercer trimestre de 2026 sugiere que el 47% de las empresas industriales han enfrentado demoras en al menos uno de sus pagos principales: el 34% ha tenido retrasos en impuestos, el 32% con proveedores y el 25% en compromisos financieros.
La situación se agrava por factores estructurales. Argentina cuenta con un crédito al sector privado que representa solo el 13% del PBI, la cifra más baja entre los 16 países analizados por Felaban, en contraste con un promedio regional del 47,3%. Brasil ronda el 75%, Chile el 100%, y economías como Estados Unidos y China alcanzan cerca del 200% del PBI. Esta brecha se ve incentivada por una carga fiscal sobre la intermediación financiera, donde los impuestos nacionales, provinciales y municipales incrementan en más de un 18% el costo financiero del crédito productivo.
Ante este panorama, el informe del CEU-UIA sugiere una normalización gradual de los encajes bancarios, la promoción de sistemas de garantías públicas y privadas, y una revisión de la carga tributaria sobre el financiamiento en los tres niveles de gobierno. En términos de refinanciaciones, se insta a la eliminación total de esta carga fiscal, dado que una nueva operación toma como base una deuda que ya incluye componentes tributarios anteriores.
