Este conflicto surge luego de la apertura de sobres de una de las licitaciones más significativas que está gestionando la administración actual, relacionada con un corredor fluvial que transporta aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas, con una facturación estimada superior a los 300 millones de dólares anuales.
La competencia se ha reducido a dos postulantes: la operadora actual Jan de Nul y la belga DEME, que cuenta con el respaldo de empresas e inversionistas estadounidenses. Sin embargo, esta licitación es objeto de controversia debido a los lazos evidentes entre los potenciales beneficiarios y el actual gobierno. Entre los involucrados se encuentran los hermanos Juan y Patricio Neuss, quienes tienen una cercanía notable con el asesor presidencial Santiago Caputo.
Los Neuss, pertenecientes a una familia con un historial de un siglo en el sector empresarial argentino, están ampliando su influencia gracias a su proximidad con la administración libertaria. Su diversificación ha abarcado desde bebidas gaseosas hasta importantes operaciones logísticas y energéticas, destacando su reciente adquisición de la privatización de Transener a un precio que, según analistas, estuvo por debajo del valor de mercado.
A pesar de que aún no se ha oficializado la decisión sobre la adjudicación, DEME ha manifestado su descontento respecto al resultado preliminar del análisis técnico y económico. “Teníamos la esperanza de que se llevara a cabo una licitación justa”, expresó Frederic Dryhoel, portavoz de la empresa, en un comunicado posterior a la apertura de sobres.
Se ha mencionado que ambas empresas habrían presentado tarifas económicas idénticas, aunque Jan de Nul parece tener ventaja en otros criterios de evaluación establecidos en el pliego.
Desde DEME subrayaron que su propuesta fue “altamente competitiva y transparente, totalmente acorde con los estándares internacionales y que refleja nuestra amplia experiencia como líderes en proyectos de concesión portuaria y fluvial a gran escala”. En este marco, la firma indicó que está analizando el proceso “cuidadosamente” y considera, junto con sus socios y asesores, las posibles acciones a tomar, incluyendo la posibilidad de apelar.
La empresa belga ha estado planteando críticas sobre las condiciones de la licitación durante varios meses, sugiriendo un posible sesgo a favor de la actual concesionaria. Uno de los aspectos más cuestionados por DEME ha sido el elevado costo requerido para presentar impugnaciones u objeciones dentro del proceso licitatorio. “No hay ningún país en el mundo en el que se exija pagar 10 millones de dólares para presentar objeciones respecto a un proceso de licitación, lo que ya plantea serias dudas sobre el procedimiento”, señalaron desde la empresa.
