La manifestación comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y avanzó hacia la Plaza de Mayo, donde se llevó a cabo el acto central y se leyó un manifiesto coordinado por las organizaciones presentes. La jornada también se replicó en diversas provincias, bajo una consigna común: “La salud no puede esperar”.
Los organizadores alertaron sobre el deterioro del sistema sanitario, la disminución de fondos para programas nacionales y el impacto directo de estas medidas sobre pacientes, hospitales y centros de atención. Según sus denuncias, el ajuste afecta la provisión de medicamentos, vacunas, así como políticas de salud mental, discapacidad y prestaciones esenciales.
Durante el acto principal, las organizaciones expusieron que el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud ha disminuido en un 40% en comparación con el año 2023. Además, señalaron que más de 742.000 personas han perdido su cobertura de obra social o prepaga, mientras que los hospitales públicos presentan niveles de ocupación cercanos al 90%, incluso antes del inicio de la temporada invernal.
Un reclamo central fue el rechazo al cierre o desfinanciamiento del programa Remediar, que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales. Según los organizadores, esta política pasó de ofrecer 79 medicamentos gratuitos a solo 3, lo que ha dejado a millones de personas sin cobertura en el sistema público.
Asimismo, denunciaron recortes en el PAMI, demoras y faltantes en el Calendario Nacional de Vacunación, el abandono de políticas de salud mental y discapacidad, así como el desmantelamiento de programas sanitarios considerados fundamentales.
“Defendemos una concepción de la salud como derecho social y humano fundamental, no como privilegio ni mercancía”, afirmaron las organizaciones durante la lectura del documento.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó junto a representantes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que incluye gremios como UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, además de más de 140 organizaciones de diversas centrales obreras.
“El ajuste sobre la salud dejó de ser una discusión presupuestaria, se está traduciendo en enfermedad y muerte”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
El líder sindical sostuvo que es “inminente” el cierre de numerosos servicios hospitalarios y criticó el desfinanciamiento del sistema sanitario público. “La salud es un derecho humano y social, pero este Gobierno la quiere convertir en un negocio. Lo tenemos que evitar”, manifestó.
Desde ATE también advirtieron que el 80% de las obras sociales enfrenta una situación de desfinanciamiento y que el 53% de los pacientes se encuentra con cobertura limitada.
