La publicación afirmó que el traspaso de funciones del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) había dejado a Lenor con el control de un mercado de más de 5.300 estaciones de servicio, gracias a una supuesta cercanía entre Made y el entorno de Caputo. Se estimó que la empresa podría alcanzar una facturación anual de $12.000 millones sin que se realizara una licitación pública para el cambio.
Caputo refutó de manera contundente cualquier vínculo, afirmando: “Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un Grupo Lenor, ni de un empresario Made”.
Por su parte, Made aseguró: “No conozco a Caputo y soy uno de los empresarios más perjudicados por este Gobierno”, negando cualquier relación personal o comercial con el ministro. Explicó que Lenor, que tiene laboratorios de ensayo y certificación destacados en América Latina, opera principalmente en el área de seguridad eléctrica, un sector afectado por cambios regulatorios impulsados por la actual administración.
La Resolución 16/2025 eliminó la obligación de repetir ensayos en Argentina para productos ya certificados internacionalmente. Aunque se presentó como un intento de reducir costos duplicados, la normativa redujo el mercado local de pruebas y certificaciones. Made enfatizó que Lenor no se estableció con el propósito de manejar el control de surtidores.
El cuestionado control de surtidores forma parte de la metrología legal, que abarca instrumentos como balanzas, básculas para camiones, cinemómetros y alcoholímetros. Hasta recientemente, el INTI era responsable principal de ensayos y verificaciones, pero la apertura a operadores privados no se llevó a cabo a través de una licitación ni fue exclusiva para una única empresa.
La Resolución 276/2024, firmada por el entonces secretario de Industria y Comercio, autorizó al INTI y a laboratorios privados acreditados para realizar procedimientos técnicos, estableciendo un régimen de concurrencia. Lenor fue reconocida en diciembre de 2024 para llevar a cabo verificaciones de surtidores de nafta, kerosene y gasoil, en el marco de un esquema que no les otorga concesiones exclusivas.
Un año después, el Consejo Directivo del INTI dispuso el cese gradual de varios servicios regulados, comenzando en enero de 2026 y finalizando en junio en varias provincias. La resolución indicó que ya había suficiente oferta de laboratorios acreditados.
El cambio normativo no incluye un decreto de Caputo que otorgue el control de los surtidores a Lenor, ni evidencia de una licitación ganada por la firma. El INTI ha dejado de prestar esos servicios y las estaciones de servicio ahora contratan a proveedores habilitados que cumplen con los requisitos técnicos, compitiendo por los clientes.
“No hay ninguna licitación ni ningún otorgamiento discrecional. Primero tenemos que estar acreditados ante el OAA y luego pedir autorización a la Secretaría de Comercio”, explicó Made, quien agregó que la competencia está abierta y Lenor no tiene una posición dominante en el mercado. Aseguró que, de los aproximadamente 70.000 surtidores que existen, su empresa tiene alrededor de 300 contratos. “No somos dominantes. Estamos muy lejos de eso con algo del 5% del mercado”, afirmó.
Asimismo, Made rechazó la proyección de $12.000 millones anuales. Según cálculos suyos, el valor del servicio es de aproximadamente $50.000 por manguera, lo que llevaría a un mercado total de unos $3.500 millones, monto a repartirse entre laboratorios y entidades certificadoras.
A pesar de contar con una inversión tecnológica significativa, Made subrayó que la verificación de surtidores es un procedimiento relativamente sencillo para otros organismos acreditados. La situación ha abierto un debate más amplio sobre la eliminación del INTI de controles críticos y la transición hacia proveedores privados, así como sobre los costos asociados para las estaciones de servicio.
Desde el INTI, al consultar sobre la falta de información que tienen respecto a la habilitación, no hubo respuesta ante la pregunta de por qué no tramitaron dicha habilitación ante el OAA y la Secretaría de Comercio.
