Se establecerá que la única finalidad del BCRA será preservar el valor de la moneda, eliminando las diversas funciones incorporadas durante el kirchnerismo, que incluían “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Se prohibirá explícitamente cualquier tipo de financiamiento monetario al sector público, abarcando al Tesoro nacional, provincias y municipios, lo que impedirá que el BCRA adquiera títulos públicos directamente en el mercado primario.
El Gobierno mantendrá el procedimiento actual para la designación del presidente y del directorio del BCRA, aunque endurecerá las condiciones para su destitución: será necesario contar con el respaldo de dos tercios tanto de la Cámara de Diputados como del Senado.
Las ganancias obtenidas a partir de la valuación de ciertos activos se incorporarán a una “reserva técnica no distribuible”, mientras que los beneficios generados por la administración de la cartera solo podrán ser transferidos al Tesoro para la cancelación de deuda pública.
El Gobierno está considerando promover el tratamiento de su pliego en el Senado una vez que se apruebe la nueva Carta Orgánica, de manera que su designación definitiva se rija por las nuevas normas establecidas para la gestión del BCRA. Actualmente, el expediente se encuentra en la Comisión de Acuerdos.
Se implementará una regla permanente que dificultará la aprobación o mantenimiento de presupuestos deficitarios. Asimismo, se contemplará un mecanismo automático de ajuste en caso de que las cuentas públicas permanezcan deficitarias durante “varios meses consecutivos”.
Las actividades no esenciales del Estado quedarán suspendidas, se congelarán nuevas erogaciones, no se permitirán nuevas incorporaciones de personal público ni la adjudicación de nuevos contratos, y se interrumpirán las transferencias discrecionales a las provincias.
Mientras este régimen excepcional esté vigente, el presidente, el vicepresidente, ministros, secretarios, subsecretarios, diputados y senadores no recibirán sus salarios.
Las prestaciones consideradas esenciales —como jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, seguro de desempleo, salud, seguridad y defensa— estarán expresamente protegidas. Además, Milei anunció que invitará a las provincias a unirse a este esquema.
La iniciativa busca redirigir el ahorro privado hacia el financiamiento de empresas e inversiones productivas. Para ello, se propondrán modificaciones a varias leyes con el objetivo de reducir regulaciones, disminuir la intervención estatal y ampliar los instrumentos disponibles para empresas e inversores.
Se permitirá la emisión de obligaciones negociables en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de cuenta. También se plantea flexibilizar el régimen de financiamiento colectivo (crowdfunding) eliminando requisitos previos.
Se eliminará el sistema de autorización previa para nuevos productos, sustituyéndolo por un régimen donde las compañías tendrán la libertad de diseñar sus coberturas, mientras que el regulador solo supervisará la solvencia de las aseguradoras y protegerá los derechos de los asegurados.
