Esta iniciativa forma parte del proceso de desregulación que lleva adelante Federico Sturzenegger en el ámbito de la Marina Mercante y el transporte fluvial. La agenda incluye, entre otros puntos, la apertura del cabotaje, la flexibilización laboral y la reducción de costos logísticos para facilitar el comercio exterior.
Recientemente, se conoció un borrador de un ambicioso proyecto de ley relacionado con la modificación del régimen de la Marina Mercante, el cabotaje, las dotaciones y la Ley de Navegación, el cual será presentado en el Congreso tras el receso. Esto sugiere que el Gobierno ha adelantado por decreto una parte crucial de la reforma.
En los fundamentos del decreto, se argumenta que el régimen vigente desde 1991 había quedado “obsoleto”, imponiendo restricciones que limitaban la entrada de nuevos prestadores y fomentaban prácticas anticompetitivas que encarecían la logística nacional. La intención manifiesta es promover una mayor competencia, asegurar la continuidad del servicio y reducir costos en el sector portuario y exportador.
Uno de los puntos más destacados es la eliminación de cualquier límite en la cantidad de prácticos autorizados. La Prefectura Naval deberá inscribir a todos los profesionales que cumplan con los requisitos técnicos necesarios, y los usuarios tendrán la libertad de contratar a cualesquiera de ellos como profesionales independientes.
Asimismo, el nuevo régimen redefine las condiciones económicas del sector. Si bien la remuneración seguirá siendo objeto de negociación entre las partes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación establecerá tarifas máximas para cada tipo de servicio, las cuales deben incluir todas las maniobras relacionadas con el practicaje, sin que se puedan imponer cargos adicionales, excepto aquellos autorizados por la autoridad competente.
Otro cambio significativo se refiere al transporte de los prácticos. A partir de ahora, el embarque y desembarque podrán ser contratados libremente por los usuarios o terceros, utilizando medios terrestres, acuáticos o aéreos habilitados. La negativa de los prácticos a realizar esta tarea deberá ser justificada ante la Prefectura Naval, y, en caso de no hacerlo, podría ser considerada una falta grave.
Además, se reducen los casos en los que es obligatorio contratar prácticos. En la mayoría de las zonas, aumentan los umbrales mínimos de eslora y calado para exigir el servicio, facilitando que capitanes argentinos o extranjeros con experiencia obtengan certificados de conocimiento de zona y naveguen sin necesidad de un práctico. Para ello, deberán demostrar al menos diez viajes de ida y diez de regreso en los últimos tres años, con al menos tres realizados en el último año.
Los anexos del decreto también reorganizan el sistema de formación profesional. Capitanes de ultramar, fluviales, de pesca y ciertos oficiales retirados de la Armada o de la Prefectura que cumplan con los requisitos técnicos podrán obtener el título de práctico, y se disminuyen los viajes de práctica requeridos en comparación con el régimen anterior. La Prefectura, además, deberá convocar a exámenes públicos al menos dos veces al año.
El decreto incorpora medidas para garantizar la continuidad del servicio en situaciones excepcionales, permitiendo que la Prefectura asuma directamente el practicaje, solicite ayuda de la Armada o autorice temporalmente a capitanes con el correspondiente certificado de conocimiento de zona para ejercer dicha función.
La publicación de esta normativa ha suscitado reacciones en el sector. Según una fuente vinculada a la actividad naviera, los prácticos consideran que el nuevo esquema “virtualmente reduce el servicio de practicaje a su mínima expresión” y no descartan la posibilidad de suspender prestaciones. “Nadie puede obligarlos a hacer lo que no desean, ya que no son trabajadores agremiados, sino profesionales independientes”, explicó la fuente consultada.
Este posible escenario ha sido contemplado por el propio decreto, que prevé mecanismos de reemplazo a través de la Prefectura, la Armada o capitanes con certificados de conocimiento de zona, con el fin de evitar que un conflicto en el sector afecte la operativa del comercio exterior.
