La controversia se intensificó tras hacerse públicos los detalles del acuerdo. Desde el gobierno de Ignacio “Nacho” Torres se dejó claro que los bienes no serán trasladados automáticamente al municipio, lo que provocó un rechazo inmediato del intendente Othar Macharashvili y del senador Carlos Linares, quienes exigen ser parte directa en la gestión de dichos activos.
“Los bienes tienen que quedar para los comodorenses”, expresó Macharashvili, cuestionando la cesión a la provincia y solicitando que los bienes sean transferidos al municipio. En consonancia, el exintendente Juan Pablo Luque advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”, marcando uno de los pronunciamientos más contundentes tras el anuncio.
Por parte del gobierno provincial, la reacción fue rápida. Torres respondió con firmeza a los dirigentes locales, afirmando: “No van a pasar a manos del municipio”, al tiempo que criticó a sectores del peronismo por lo que consideró intentos de apropiación política de los activos. Además, el vicegobernador Gustavo Menna destacó la magnitud del acuerdo, revelando que la transacción con YPF supera los 80 millones de dólares e incluye una compensación ambiental de 25 millones, subrayando la dimensión económica del conflicto.
El núcleo del debate radica en la pregunta fundamental: ¿quién debe gestionar los activos que YPF deja en Comodoro? La ausencia de una normativa clara no solo abre un capítulo jurídico, sino que también pone en juego intereses económicos significativos y posicionamientos políticos en una ciudad históricamente ligada a la industria petrolera.
Entre los activos en disputa se incluyen extensos terrenos en ubicaciones estratégicas, edificios administrativos, instalaciones operativas y sitios con un fuerte significado simbólico, como clubes históricos que han sido parte de la vida social ligada a YPF durante décadas. El tema no se limita únicamente al patrimonio inmobiliario: se erige como parte de la identidad de Comodoro Rivadavia.
Esta discusión se desarrolla en un contexto de transformación estructural en la industria. YPF está en proceso de reconfiguración de sus inversiones, con un mayor énfasis en el desarrollo de Vaca Muerta, lo que implica un retiro gradual de áreas convencionales como las de Chubut. Esta decisión empresarial justifica, en parte, la cesión de activos y acentúa el debate sobre su futuro.
A lo largo del siglo XX, YPF no solo extrajo hidrocarburos, sino que también organizó la vida cotidiana de la ciudad, generando barrios, espacios recreativos y estructuras comunitarias bajo su influencia. Por lo tanto, el destino de estos bienes trasciende lo económico y se convierte en un debate sobre pertenencia y memoria colectiva.
Desde el gobierno provincial se plantea que la administración debe seguir una lógica integral, evitando decisiones fragmentarias o de corto alcance. En contraposición, el municipio y sectores del justicialismo sostienen que Comodoro tiene un derecho histórico sobre estos bienes, considerando el impacto que la actividad petrolera ha tenido en su territorio y en su gente.
La falta de una norma específica incrementa la incertidumbre. Expertos señalan que no existe legislación clara que regule el destino de los activos de empresas como YPF en procesos de cesión o retiro, lo que deja espacio para diversas interpretaciones y potenciales litigios judiciales.
A más de un siglo del hallazgo de petróleo, la ciudad se encuentra nuevamente en el centro de un debate estratégico. Esta vez, la cuestión no gira en torno a lo que se halla bajo tierra, sino a quién corresponde decidir sobre el futuro de lo que queda en la superficie.
