La denuncia sostiene que se llevaron a cabo modificaciones en el proceso estándar de liquidación de haberes y centra su atención especialmente en cuatro individuos que no poseen ningún vínculo laboral o funcional con la institución. Uno de ellos es la esposa del entonces jefe del Departamento Revista.
La Armada Argentina se encuentra bajo el escrutinio de la Justicia Federal, específicamente en el juzgado N°2, dirigido por el magistrado Sebastián Ramos. Esta situación surge a partir de una denuncia penal que pone al descubierto las presuntas irregularidades en el proceso de liquidación y acreditación de haberes, cuya cifra total se estima en $981.148.567,88 como el monto histórico afectado por operaciones consideradas irregulares.
La denuncia fue presentada por el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada, quien comunicó al fiscal federal de turno, Ramiro González, los hechos que había detectado durante una revisión interna y solicitó una investigación sobre las personas involucradas y las posibles responsabilidades.
Conforme al documento, las operaciones cuestionadas ocurrieron en un período que abarca desde julio de 2022 hasta enero de 2026 y se refieren a un total de 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas. La denuncia aclara que se trata de sumas superiores a las que correspondían según las respectivas liquidaciones y, en otros casos, se refiere a importes que carecían de respaldo en haberes legítimamente liquidados.
La investigación interna se dio inicio en febrero de 2026, cuando, durante un control de los haberes correspondientes a enero, se detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían recibido suplementos que, según la revisión, no les correspondían. En un primer momento, la Administración Financiera de la Armada determinó que no era posible establecer si las inconsistencias habían sido producto de errores involuntarios o de acciones deliberadas. Posteriormente, los agentes involucrados devolvieron las sumas percibidas.
A raíz de este episodio, se incrementaron los controles y se decidió llevar a cabo una revisión de los períodos anteriores. Esta labor permitió identificar diferencias entre los haberes realmente liquidados y los lotes de pago que habían sido preparados para ser enviados al Banco de la Nación Argentina.
La revisión detectó pagos que no figuraban en las liquidaciones, sumas que se habían incluido en los lotes pero que no aparecían en los recibos, duplicaciones y registros relacionados con personas cuya vinculación con la Armada inicialmente no pudo confirmarse.
Un dato relevante que destaca la denuncia es que las irregularidades no emergían como un fenómeno generalizado dentro del sistema de haberes, sino que se concentraban en un grupo reducido de beneficiarios, y en ciertos casos, se repetían en diferentes períodos.
Para profundizar la investigación, se estableció una comisión interdisciplinaria compuesta por personal especializado en contabilidad, liquidación de haberes, sistemas informáticos y análisis de datos. Esta comisión revisó los equipos empleados en la preparación y transmisión de los archivos correspondientes a la acreditación de haberes. Según la denuncia, se realizaron copias de la información contenida en esos dispositivos sin alterar los datos originales y posteriormente se preservaron los equipos.
Así mismo, se cruzaron los datos del Sistema de Haberes y de Haberes-Web con los recibos publicados y los registros de acreditaciones bancarias. Este análisis permitió confirmar, conforme al documento presentado ante la Justicia, que las inconsistencias se remontan a un período que comienza en julio de 2022 y se extiende hasta enero de 2026, sin que la revisión hubiera detectado situaciones similares en el mes inmediato anterior ni en los períodos posteriores analizados.
El estudio de las diversas versiones de los archivos mensuales permitió comprobar alteraciones a los archivos generados originalmente por el Sistema de Haberes. Tales modificaciones habrían incluido acreditaciones a favor de determinados individuos por montos superiores a los que les correspondían y, en algunos casos, sin el respaldo de haberes debidamente liquidados.
La denuncia además afirma que ciertas alteraciones se llevaron a cabo luego de la liquidación ordinaria y que, una vez generados los archivos para el pago, los registros eran devueltos a sus valores originales. De esta forma, dichas alteraciones no quedaban consignadas en los recibos publicados en Haberes-Web.
El proceso de liquidación mensual involucra a más de 24.000 personas, y los controles ordinarios se efectúan antes de la generación y transmisión definitiva de los archivos al Banco Nación. Para los investigadores internos, la reiteración de casos, la existencia de beneficiarios recurrentes y las modificaciones sobre controles ordinarios superan la descripción de simples errores aislados de procesamiento.
El relevamiento identificó a 23 beneficiarios y 645 acreditaciones con un monto total de $981.148.567,88. Entre ellos, la denuncia pone especial énfasis en cuatro personas que, según la documentación, no poseían vínculo laboral o funcional con la Armada Argentina. Se trata de María del Carmen Prieto, Damián Andrés Santana, Amalia Cristina Díaz y Natalia Carolina Yahia.
Prieto habría recibido 46 acreditaciones por un total de $152.259.495,86; Santana, 47 acreditaciones por $99.496.225,47; Díaz, 46 por $91.978.048,38; y Yahia, 45 acreditaciones por $90.466.948,33. En conjunto, las cuatro personas habrían recibido un total de 184 acreditaciones por un monto de $434.200.718,04, lo que representa aproximadamente el 44,25% del total histórico de las acreditaciones que la denuncia considera indebidas.
El caso más notable dentro del expediente es el de María del Carmen Prieto. La denuncia señala que ella fue la persona que recibió el monto individual más significativo entre los 23 beneficiarios identificados y que es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff. Este vínculo familiar se menciona como un elemento que, según la denuncia, facilitó establecer una conexión objetiva entre quien estaba a cargo del área y una de las principales beneficiarias de las operaciones que se están investigando.
El expediente administrativo incorpora declaraciones de algunas personas implicadas en los hechos, entre las que se encuentra la de Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Según lo mencionado en la denuncia, cuando fue consultado sobre las acreditaciones realizadas a las cuatro personas ajenas a la Armada, Atanasoff admitió conocer esas operaciones y manifestó que las acreditaciones se llevaban a cabo manualmente.
El documento atribuye al entonces jefe del Departamento Revista una declaración en la que señala que la finalidad de dichas operaciones era favorecer económicamente a estas personas. Además, indica que Atanasoff habría expresado que él era el responsable de decidir sobre las operaciones, los beneficiarios y los montos en cuestión.
La denuncia también sostiene que, al ser preguntado sobre quién materializaba estas operaciones, Atanasoff manifestó que era él quien las ejecutaba personalmente y que no había nadie más involucrado en la toma de esas decisiones. Entre los beneficiarios se encontraba Prieto, su cónyuge, quien recibió 46 acreditaciones que suman más de $152 millones.
En lo que respecta a Santana, Díaz y Yahia, el escrito también menciona que Atanasoff reconoció conocer las acreditaciones y haber decidido su realización por la finalidad explicada en su testimonio.
Esta manifestación se considera coherente con la evidencia documental recopilada durante la revisión, que demuestra la falta de vínculo de estas cuatro personas con la Armada y la inexistencia de liquidaciones de haberes que justificaran los pagos percibidos.
La investigación no se limitó a las cuatro personas sin vínculo institucional. La denuncia detalla, entre otros casos, la situación del capitán de corbeta contador Roberto Eduardo Castro, quien durante ciertos periodos habría recibido haberes en el país, al mismo tiempo que estaba destinado en el exterior. La denuncia aclara que el Sistema de Haberes identifica de manera diferenciada al personal en el exterior y lo excluye automáticamente de los archivos de acreditación en el país. Por esta razón, se sostiene que esas acreditaciones solo pudieron realizarse mediante la incorporación de registros fuera del proceso automático de generación de lotes.
Se identificaron, además, acreditaciones a nombre de Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que él se encontraba con licencia sin goce de haberes. En todos estos casos, la denuncia indica que las declaraciones de los beneficiarios presentan explicaciones sobre el conocimiento, origen y utilización de las sumas, y será la Justicia la que defina el grado de conocimiento y participación de cada uno.
Otro aspecto relevante del expediente está relacionado con la información que se solicitó al Banco de la Nación Argentina. Durante la revisión técnica se requisó información adicional sobre las personas que intervenían en la preparación o transmisión de los archivos de acreditación. Un informe datado el 2 de septiembre de 2026 dejó constancia de que parte de esa información aún estaba pendiente de recepción.
La documentación entregada posteriormente por el Banco Nación permitió, según la denuncia, identificar nuevas acreditaciones indebidas y completar la cuantificación de las operaciones detectadas. El monto de casi $1.000 millones mencionado en la denuncia se basa en las operaciones históricas identificadas hasta el momento tras las revisiones y actualizaciones documentales, aunque el expediente contempla la posibilidad de incorporar nuevos elementos y precisar responsabilidades a partir de la información bancaria y de los soportes informáticos preservados.
La denuncia también incluye información sobre las restituciones realizadas por algunos de los beneficiarios. Cuatro transferencias efectuadas en abril de 2026 a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero, que inicialmente habían sido identificadas bajo el concepto de ‘devolución de haberes’, fueron luego determinadas como restituciones realizadas por los capitanes de corbeta contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios, respecto a montos cobrado en exceso junto a sus haberes de enero de 2026.
Además, el 11 de septiembre de 2026, otros tres oficiales —Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni— realizaron transferencias por el total de sumas que habían recibido indebidamente, según se detalla en la presentación. Las devoluciones verificadas hasta ese momento suman $42.574.267,63, lo que establece que la diferencia entre el monto histórico de acreditaciones detectadas y las restituciones ascendía a $938.574.300,25.
Asimismo, la denuncia destaca que las devoluciones no alteran el monto histórico de las acreditaciones consideradas indebidas; se consignan por separado para ilustrar cuánto dinero ha sido devuelto y cuál es la diferencia resultante hasta la fecha.
La secuencia administrativa también documenta un cambio en la situación del entonces jefe del Departamento Revista. Cuando en febrero de 2026 se detectaron las primeras inconsistencias, aún no existían evidencia suficiente para vincular a Atanasoff con ellas. En particular, no figuraba entre aquellos que habían percibido sumas en exceso, y tampoco emergían indicios que permitieran inferir su participación basándose en la información disponible en ese momento. Por esta razón, se le instruyó, en calidad de jefe del departamento responsable del proceso, a fortalecer los controles y evitar nuevas irregularidades.
Desde marzo de 2026, se modificó el circuito operativo: la gestión de las acreditaciones ante el Banco Nación pasó a estar a cargo del Departamento Tesorería, mientras que el Departamento Contabilidad comenzó a encargarse de la conciliación de la cuenta bancaria utilizada para el pago de haberes. El objetivo fijado fue establecer controles independientes entre la liquidación, la orden de acreditación y los movimientos registrados en la cuenta bancaria.
Sin embargo, la situación dio un giro en agosto, cuando la revisión de períodos anteriores permitió identificar a Prieto, la esposa de Atanasoff, entre las personas asociadas a las acreditaciones observadas. Según la denuncia, este acontecimiento representó el primer indicio concreto que vinculó personalmente a Atanasoff con los hechos investigados. A partir de esa fecha, se dispuso su relevo preventivo en sus funciones como jefe del Departamento Revista. La medida adoptada, tal como se indica en el escrito, tenía como finalidad garantizar la integridad de la información disponible y permitir la profundización de la revisión sin interferencias.
Con la misma intención, se ordenó la preservación del equipo informático que se utilizaba regularmente para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos correspondientes a los lotes de pago.
La presentación reúne como prueba informes generados por la Jefatura de Administración Financiera, relevamientos de liquidaciones y acreditaciones, actas relacionadas con los equipos informáticos, detalles de las novedades detectadas y la documentación remitida por el Banco Nación. Además, se incorpora el informe final elaborado por el oficial investigador designado en las actuaciones administrativas, junto con las declaraciones recibidas y la documentación adicional aportada al expediente.
La Armada ha puesto a disposición de la autoridad judicial documentación, registros, archivos y soportes informáticos que pudieran ser de interés para el esclarecimiento de los hechos. La investigación federal deberá determinar si las modificaciones en los archivos, las acreditaciones, los beneficiarios y las decisiones asignadas a ciertos funcionarios constituyen delitos y, en tal caso, establecer quiénes son los responsables.
