El escrito, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, es impulsado por Martín Romeo, quien fue querellante en el caso, junto con otros dos pretensos querellantes con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust.
Apuntan a que se declare la nulidad del dictamen del fiscal Eduardo Taiano sobre el que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi se basó para firmar la sentencia y continúe la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda.
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En el documento, los afectados apuntaron contra “la totalidad de la resolución” del magistrado, ya que señalaron que el sobreseimiento “se apoya en una decisión que no está firme y que no resolvió el fondo”.
Por un lado, apuntaron que fueron afectados y rechazaron la versión de que se trató de un “riesgo de mercado asumido”, ya que compraron el activo digital “después de un tuit presidencial cuyo contrato ya habían utilizado 74 billeteras preposicionadas”.
Remarcaron que si bien Javier Milei lo presentó como un “proyecto privado” para “incentivar el crecimiento de la economía argentina”, eso era “falso” porque “detrás del lanzamiento había una extracción de liquidez preparada de antemano” con “insiders”.
Según explicaron, el pool de liquidez se creó a las 18:40, pero no registró compras hasta las 19:01. “En ese segundo, 74 billeteras ejecutaron 87 transacciones por unos USD 13,5 millones, 22 segundos antes de que el Presidente publicara el contrato, que hasta ese momento no era público”, sumaron.
Luego de eso, las billeteras ligadas al equipo de LIBRA “liquidaron los tokens adquiridos en el minuto cero, y la liquidez se consolidó en una bóveda colectora que reunió 44.593.888 USDC”. Alegaron además que hubo una “rampa de salida preparada de antemano” y que destruyeron pruebas sobre la maniobra.
En ese sentido, acusaron que hubo una “coordinación con el Presidente”, ya que se registraron llamados entre Milei y el lobbista Mauricio Novelli, uno de los impulsores de la criptomoneda, entre los minutos previos y posteriores a la publicación en X.
“Ninguna de estas circunstancias es compatible con la tesis de un ‘mercado volátil’ en el que los compradores asumieron un riesgo propio. Nadie asume el riesgo de que el contrato haya sido entregado de antemano a 74 billeteras, ni de que la salida del dinero estuviera planificada diez días antes del lanzamiento. El engaño no fue una frase aislada: fue la puesta en escena completa, con la investidura presidencial como garantía”, arremetieron.
Con respecto a la acusación contra Karina Milei por tráfico de influencia y cohecho por el supuesto acuerdo estipulado con Novelli por USD 1.550.000 para que el presidente se involucre, aseguraron que ese contrato “existió y se cumplió, con o sin firmas”.
En su dictamen, Taiano dijo que no hubo delito y usó como justificación un informe de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la propia hermana del mandatario. “Tomar esa respuesta como prueba de descargo equivale a sostener que alguien es inocente porque él mismo dice serlo”, cuestionaron.
Al respecto, los afectados acusaron que el representante del Ministerio Público Fiscal “actuó como abogado defensor”. “Seleccionó la prueba de antemano, dejó de producir la que podía comprometer a los imputados e interpretó sistemáticamente a favor de éstos la que sí se produjo, aun cuando esa misma prueba generaba indicios de cargo”, mencionaron.
Agencia NA
