La determinación del Gobierno Nacional de restringir el acceso a la Casa Rosada a los periodistas acreditados continúa generando repercusiones en el ámbito político del país. En este contexto, el diputado nacional Nicolás Trotta ha difundido un comunicado a través de redes sociales, anunciando la convocatoria “urgente” a la comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados.
El legislador, al igual que otros colegas, ha compartido en su cuenta de X el comunicado que informa sobre una convocatoria para el jueves 30 de abril a las 10 horas. “Ante la ausencia de convocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión y los reiterados requerimientos cursados al presidente Guillermo Montenegro para su urgente activación con diversos expedientes que demandan tratamiento, y frente a los recientes sucesos que menoscaban la libertad de expresión en la Casa Rosada y las constantes hostilidades por parte del presidente Javier Milei, diputados de diferentes bancadas hemos resuelto proceder”, se detalla en el texto.
Respecto a los destinatarios de esta reunión, Trotta ha confirmado que “serán invitadas a la reunión entidades periodísticas, representantes de medios y periodistas que han sido objeto de agresiones”.
Vigencia de la libertad de expresión
En otro apartado del comunicado emitido por los diputados sobre la situación experimentada por la prensa acreditada en Casa Rosada, se subraya que “la Cámara de Diputados debe constituir un ámbito donde estas agresiones sean visibilizadas, con el fin de reconducir la realidad que atraviesan los medios de comunicación y asegurar la plena vigencia de la libertad de expresión en el marco democrático. Sin libertad de expresión, la democracia se ve comprometida”.
Además de Trotta, este mensaje fue respaldado por otros legisladores nacionales como Esteban Paulón, Romina del Plá, Graciela Ocaña y Lourdes Arrieta, entre otros.
¿Una acción de amparo judicial?
A pesar del respaldo manifestado por varios diputados nacionales, predominantemente de la oposición, ha trascendido la versión de que un conjunto de periodistas estaría evaluando la interposición de una acción de amparo colectivo, a través de representación legal, para lograr la restitución del acceso a la Sala de Prensa de la Casa Rosada.
Los afectados señalan que esta situación carece de precedentes en los 43 años de democracia y que actualmente son aproximadamente 60 los comunicadores que poseen la acreditación oficial para realizar coberturas en el principal edificio del Gobierno Nacional.
Lo que se conoce hasta el momento es que la denuncia formulada por el Gobierno ha sido asignada al juzgado presidido por Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien también investiga la causa de Manuel Adorni.
