La administración liderada por el presidente Javier Milei justificó la restricción argumentando la existencia de una investigación judicial en curso, derivada de un informe televisivo que involucraba instalaciones de la sede gubernamental y supuestas actividades de espionaje ruso en connivencia con ciertos medios.
ADEPA expresó “su máxima preocupación por la decisión del gobierno nacional de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada”, subrayando que esta medida no presenta precedentes en la carrera democrática del país. En su comunicado, la entidad, encabezada por Martín Etchevers, enfatizó que “el acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo” y que nunca había sido interrumpida de manera generalizada. Esto es crucial para asegurar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos del gobierno.
La organización también advirtió que el hecho de que exista una investigación judicial vigente, o denuncias relacionadas con situaciones específicas, no puede ser razón para establecer restricciones generales que afecten el ejercicio del periodismo. “La decisión impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, advirtió ADEPA.
Al finalizar su comunicado, ADEPA hizo un llamado urgente al Gobierno para “revisar esta medida”, solicitando a su vez que se restablezcan las condiciones laborales habituales para los periodistas acreditados, en pro de la transparencia institucional y del ejercicio pleno de la libertad de prensa.
Por su parte, Fopea también expresó su desaprobación, indicando que la decisión del gobierno nacional de impedir el acceso a los periodistas acreditados a la Casa Rosada afecta de manera generalizada a todos los trabajadores de prensa que cubren la actividad del Poder Ejecutivo. La entidad destacó que se trata de una medida de extrema gravedad institucional, pues altera las condiciones esenciales para la cobertura periodística en la principal sede del Poder Ejecutivo Nacional. “Esta decisión no solo afecta el ejercicio del periodismo, sino que impacta directamente en el derecho de la sociedad a estar informada”.
