La propuesta del Gobierno establece que cada proyecto debe tener una inversión mínima de USD 1.000 millones y requiere que al menos el 20% de esa suma se comprometa en los dos primeros años. El acceso al régimen se gestionará a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), diseñados exclusivamente para cada emprendimiento y que también podrán ser utilizados por empresas constituidas en el exterior.
Entre los incentivos que se incluyen destacan una tasa del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un gravamen del 3,5% sobre dividendos y utilidades, eliminación de derechos de exportación de manera inmediata, exención total de importaciones asociadas al proyecto, libre disponibilidad gradual de divisas, alcanzando hasta el 100% en el tercer año, y una reducción de la contribución patronal al 10% para nuevas contrataciones laborales.
Además, este régimen garantiza estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social por un período de 30 años, así como la opción de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de disputas con el Estado, un aspecto que genera preocupación entre críticos y expertos en la materia.
Desde el oficialismo se sostiene que el “Súper RIGI” se enfoca en sectores aún no desarrollados en el país o que se encuentran en fases experimentales, como grandes centros de datos para inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica. La expectativa es que este marco fomente las exportaciones, genere empleo y dé lugar a nuevas cadenas de valor en industrias consideradas esenciales para el futuro.
No obstante, el régimen pone de manifiesto un claro sesgo. El proyecto excluye de manera explícita iniciativas orientadas a la ampliación, modernización o reconversión de instalaciones ya existentes, imponiendo un umbral de inversión que, en la práctica, deja fuera a la gran mayoría de las empresas argentinas, incluyendo a grupos importantes que no cuentan con la capacidad de efectuar desembolsos en la escala requerida.
Esta cuestión es uno de los principales puntos de crítica por parte del empresariado local y de la oposición política, quienes alertan que el esquema favorece la instalación de capitales extranjeros con beneficios extraordinarios, pero ofrece escasos incentivos para dinamizar el tejido productivo existente o para fomentar el crecimiento de empresas locales que buscan expandirse sobre capacidades ya instaladas.
La discusión también se extiende a las provincias, que para adherir al régimen deberán comprometerse a mantener estabilidad fiscal y limitaciones en la carga impositiva local. Según lo establecido en el proyecto, la alícuota de Ingresos Brutos no podrá superar el 0,50% para estas inversiones y se restringirá la aplicación de impuestos sobre diversos actos y contratos relacionados con la inversión.
