La iniciativa, que será debatida por el Senado próximamente, propone eliminar las limitaciones existentes para individuos y empresas extranjeras, aunque establece controles más rígidos para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control.
En la actualidad, la Ley 26.737 restringe la propiedad extranjera a un máximo del 15% de las tierras rurales del país, así como de cada provincia y municipio. También establece un límite de 1.000 hectáreas en las áreas más productivas y prohíbe la adquisición de tierras en terrenos cercanos a cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas fronterizas.
Datos oficiales indican que solamente alrededor del 6% de las tierras rurales en Argentina pertenecen a inversores extranjeros, una cifra que se encuentra bastante lejos del límite legal.
En contraste, Brasil mantiene regulaciones más estrictas. La Ley 5.709/71 impone un tope del 25% en la propiedad extranjera por municipio, y ninguna nacionalidad puede acaparar más del 10% de esa área. Además, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria es responsable del registro de estas adquisiciones.
El proyecto argentino, al eliminar los límites para los inversores privados, ofrecería un marco más flexible que el brasileño.
Por su parte, Uruguay no prohíbe la compra de tierras por extranjeros, pero exige mecanismos de identificación y transparencia. La legislación uruguaya requiere la identificación de los accionistas de las empresas propietarias, el registro de las tierras y la transparencia en la composición de las sociedades. En este contexto, el Parlamento uruguayo está considerando nuevas medidas para reforzar los controles, especialmente en las áreas fronterizas. Si la reforma de Milei se aprueba, Argentina tendrá seguramente un régimen menos restrictivo que el de Uruguay.
En Paraguay, la participación de propietarios extranjeros en la tierra rural es notable, con estimaciones que indican que entre el 14% y el 19% del territorio está en manos de extranjeros. En ciertas zonas fronterizas, esta participación puede llegar hasta el 60%, en su mayoría debido a inversiones brasileñas. Sin embargo, este escenario se debe a un proceso histórico y no refleja una apertura absoluta como la que propone la iniciativa argentina.
El Gobierno argumenta que la normativa actual desalienta inversiones significativas, especialmente en proyectos relacionados con la agricultura, la silvicultura y sistemas de riego en regiones como el NEA, Cuyo y la Patagonia.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, explicó que la reforma tiene como objetivo desmarcar a los inversores privados de los Estados extranjeros: los primeros tendrían libertad absoluta para adquirir tierras, mientras que los segundos enfrentarían un marco de control más estricto y necesitarían autorización previa para realizar estas operaciones.
En caso de que el Congreso apruebe la reforma, Argentina pasará a tener uno de los sistemas más abiertos de la región en lo que respecta a la compra de tierras rurales por inversores extranjeros, en contraposición a Brasil, que cuenta con límites territoriales; Uruguay, que mantiene controles de transparencia; y Paraguay, donde una alta presencia de capital extranjero convive con normativas específicas.
