Con un inicio tan conflictivo, el debate sobre la Ley de Soberanía comenzó con el pie izquierdo. El proyecto que el gobierno había enviado al Congreso, esperando aprovechar el consenso social en torno a la causa de Malvinas, se vio ensombrecido por el clima de tensión que reinó en el Congreso tras el reciente fallo de la Corte Suprema. Las intervenciones no tardaron en hacer referencia a la controversia, y el oficialismo no pudo evitar que la cuestión se colara en casi todas las exposiciones. La diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, no dudó en manifestar: “Nadie puede creer que les importen las Malvinas cuando están entregando todo el continente.” Asimismo, sugirió que existía un “lobby con la Corte Suprema” para que se produjera el fallo que favoreció al ejecutivo. Su discurso no pasó desapercibido en un ambiente de gritos y chicanas, donde la voz del libertario Jairo Guzmán emergía en contra de su posición. Bregman instó a sus colegas a ocuparse de “anular el decreto 70/2023” al considerarlo “la base de toda esta infamia”.
Las críticas a la ley fueron generalizadas entre los distintos bloques de la oposición, quienes coincidieron en que se trata, en términos reales, de una “ley ómnibus”, un recurso que el oficialismo suele utilizar para ocultar iniciativas que carecen de consenso. El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, planteó preguntas incisivas: “¿A qué se debe la solicitud de facultades delegadas y excepcionales que están encubiertas dentro del texto?” y “¿Por qué pretenden la no intervención del Congreso en cuestiones centrales que hacen a la seguridad y a la defensa nacional?” Estas inquietudes fueron puestas sobre la mesa con creciente preocupación por representantes de la oposición.
Los diputados peronistas, a través de Jorge Taiana, Agustín Rossi, Eduardo Valdés y Juan Marino, expusieron que de los 133 artículos del proyecto, “solo el 30% tiene que ver con Malvinas y las sanciones”. Este dato alarmante subrayó que el resto del proyecto incluye modificaciones a normas clave como la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Interior y la de Inteligencia Nacional. “Borra el límite entre Defensa y Seguridad Interior”, resaltó Taiana, un exministro de Defensa, quien sentenció que la ley “le quita la potencia a las sanciones” que integraba la ley Pino Solanas, aprobada durante el mandato de Cristina Kirchner. “Es una farsa como ley de endurecimiento”, concluyó.
En la misma línea, Agustín Rossi argumentó que el Régimen de Desistimiento y Regularización presente en la ley no es más que una forma de blanqueo para las compañías que operan de manera ilegal en las Islas Malvinas. “En cualquier lado meten un blanqueo, no se privan de eso”, dijo, añadiendo que, en lugar de establecer un régimen punitivo, lo que se busca es perdonar a los infractores. Al referirse al reciente fallo, Rossi advirtió que, debido a esta decisión judicial, el empresario Peter Thiel “no solo puede hacer un centro de datos y comprar la tierra aledaña a ese centro de datos; hasta podrá construirse una ciudad”.
Los legisladores también señalaron que la propuesta ignora cualquier referencia al Reino Unido o a la ONU, el marco en el cual debería reforzarse el reclamo sobre las Malvinas, y que se dirige a adaptar la legislación interna a la estrategia de seguridad hemisférica promovida por Estados Unidos. Además, se teme que busque aumentar las facultades del Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, la SIDE y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.
El clima de tensión que reinó durante el debate culminó bruscamente tras la intervención de Juan Grabois, que, de manera intempestiva, encendió los ánimos en la sala. La discordia se intensificó cuando Grabois cruzó al libertario Jairo Guzmán, quien había insultado a Bregman durante su exposición. Los gritos se amplificaron con el aporte del tucumano Gerardo Huesen, un exdirigente de Fuerza Republicana cercano a Ricardo Bussi, que lo tildó de “cagón”. Grabois se dirigió a Milei, cuestionando su admiración por la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, lo que desató más interrupciones. La libertaria Juliana Santillán saltó para acusarlo de leer su intervención. Grabois, ofuscado, respondió: “No estoy leyendo, tontita”. La situación escaló cuando Carlos Zapata, presidente de la Comisión, intentó restablecer el orden, apagando el micrófono de Grabois. Este, a su vez, le respondió de manera airada: “Dejá de apagarme el micrófono, facho de mierda”. El ambiente se tornó insostenible, y Zapata, aprovechando el tumulto, disolvió el plenario ante los pedidos de continuar la discusión entre los presentes.
En un giro que acentuó la controversia, desde París, el presidente Milei se unió al escándalo. En sus redes sociales, compartió un video que mostraba el momento y lanzó: “Esto es lo que enfrentamos a diario al tiempo que tiran piedras de tinta los imbéciles de las formas…”. La situación se mantiene tensa, con la comunidad política pendiente de cómo se desarrollará este delicado tema en los próximos días.
