Las actividades inician este martes 13 con clases públicas que se desarrollarán a lo largo de todo el día en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A las 18.30, se llevará a cabo un corte en la intersección de Puan y Rivadavia, junto con el inicio de una toma en dicha facultad. Simultáneamente, también habrá un corte y clases públicas en la Facultad de Derecho.
El programa se extenderá al miércoles 14, donde a las 17, estudiantes y personal de la Facultad de Ingeniería realizarán un semaforazo. A la misma hora, se prevé un corte en Plaza Houssay y una asamblea en la Facultad de Exactas. A las 18, se llevará a cabo otra asamblea en la Facultad de Psicología, y estudiantes de varios profesorados han convocado a un corte en Callao y Corrientes.
Además, a las 19 se programó una asamblea y vigilia en la Facultad de Sociales, y un corte con vigilia en la sede del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en La Boca. “Saquemos la bronca a las calles. Por la universidad pública, la tierra y la emergencia en discapacidad. Abajo todo el DNU 70/23. ¡Paro general ya!”, concluye la convocatoria.
Este llamado también incluye un reclamo por la emergencia en discapacidad. La Quinta Marcha Federal Universitaria, que se concentra en un punto modificado, coincidirá con las gestiones de ciertos sectores de la oposición en la Cámara de Diputados para intentar derogar el DNU 70/2023, que, entre otras medidas, eliminó las restricciones que la Ley de Tierras imponía sobre la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.
La convocatoria agrupa a diversos espacios políticos, sindicales y sociales, incluyendo al peronismo, el radicalismo, el Frente de Izquierda, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quienes han expresado su intención de participar en la movilización.
El pasado viernes, la Corte Suprema restableció la vigencia de la normativa mediante una medida cautelar interina, en contraposición a una resolución anterior que había dejado en pie el artículo 154 del decreto presidencial que derogaba dicha normativa.
En el ámbito universitario, la nueva convocatoria reitera el pedido por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente tras el veto presidencial. El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto 759/2025, que había condicionado la implementación de la ley a la determinación de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso.
El Gobierno apeló esta decisión, y el magistrado admitió el recurso, dejando en suspenso el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del decreto, aunque la cautelar que exige la actualización de salarios y becas continúa vigente.
En su presentación judicial, el Gobierno reiteró que es esencial que el Congreso especifique de dónde provendrán los recursos necesarios para afrontar el aumento del gasto público.
La semana pasada, en otro acontecimiento significativo, cientos de estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación, ubicada en el Palacio Pizzurno, llevando a cabo una sentada para solicitar el cumplimiento de la ley. Alumnos de la UBA, la UNA y diversas universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín participaron de la protesta.
Los manifestantes pidieron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Posteriormente, informaron que tuvieron un encuentro con el funcionario, aunque señalaron que no recibieron respuestas concretas.
Pasada las 20, la Policía Federal llevó a cabo el desalojo del edificio. Desde el Ministerio de Capital Humano se comunicó que se había producido una toma violenta y anunció la presentación de una denuncia para investigar los acontecimientos y los daños potenciales.
