El referente del Partido Obrero atribuyó a Milei y a Caputo cargos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. El Congreso rechazó el veto presidencial con dos tercios y la Justicia ordenó recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno continúa desconociendo estas resoluciones, agravando así el ahogo presupuestario de las universidades públicas”, afirmó Solano tras impulsar la acusación.
En su exposición, Solano señala que el Poder Ejecutivo vetó la ley, pero el Congreso aprobó su aplicación con mayoría calificada. Posteriormente, el Gobierno eludió su cumplimiento al promulgarla y suspenderla simultáneamente mediante el Decreto 759/2025. Este decreto establece que la ley “quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”, lo que resultó en una ley vigente en el papel pero sin efectos prácticos.
El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dictó una medida cautelar el 23 de diciembre de 2025, al considerar que existía “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que representa a rectores de cincuenta universidades públicas, promovió un incidente de ejecución el 15 de abril de 2026.
La Corte Suprema validó la medida cautelar el 25 de junio de 2026, al rechazar el recurso extraordinario del Estado Nacional, dado que la resolución no era de carácter definitivo. A pesar de estas medidas, el gobierno no ha implementado ni la instrucción del Congreso ni la orden judicial. “El juzgado intimó reiteradamente al Poder Ejecutivo y verificó que no se cumple con la recomposición salarial según la inflación acumulada ni la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otras”, indicó Solano. “No se trata de una diferencia de interpretación; es un incumplimiento de una orden judicial”, subrayó.
La denuncia no solo involucra a Javier Milei, sino también a Luis Caputo, dado que la orden judicial implica, esencialmente, decisiones presupuestarias como mover partidas y liberar fondos, responsabilidad que recae en el Ministerio de Economía.
Se cita el artículo 20 de la Ley de Ministerios (Ley 22.520), que confiere a esta cartera la asistencia al presidente en aspectos de política económica, presupuestaria e impositiva, así como la elaboración y ejecución del presupuesto.
La denuncia solicita que se investigue a ambos funcionarios, se los cite para indagatoria y se identifique a otros posibles responsables. Además, se pide que se oficie a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que informe sobre el impacto presupuestario de la Ley 27.795.
“Milei pretende gobernar por decreto, desatender las leyes aprobadas por el Congreso y desobedecer a la Justicia cuando las decisiones afectan sus intereses. Defendemos el financiamiento universitario, los salarios de los trabajadores y el derecho de los estudiantes”, concluyó Solano.
