Desde las 14 horas, se cuentan más de 30 disertantes confirmados para la jornada, y se anticipan adicionales encuentros para abordar este tema, lo que eleva a un total de al menos 60 invitados. Esto contrasta con las críticas que había recibido el Gobierno por parte del kirchnerismo, que alegó que se estaba buscando apresurar la tramitación de esta iniciativa.
Entre los expositores se encuentran personalidades destacadas como Ricardo Marcelo Corral, presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras; Marcelo Clingo, titular de la Federación de Psicólogas y Psicólogos de la República Argentina (FEPRA); Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud de Buenos Aires; y Martín Sebastián Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa.
El plenario está compuesto por las comisiones de Salud y Legislación General de la Cámara alta, ambas presididas por legisladoras libertarias: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez, respectivamente. La primera reunión se llevó a cabo a finales del mes pasado, donde el Gobierno estuvo representado por Liliana González, directora de abordaje integral de salud mental, quien afirmó: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”.
La funcionaria aclaró que la propuesta es el resultado de amplios diálogos con “pacientes, familiares, ONGs, las 24 jurisdicciones” y que se ha considerado “todos los casos de dominio público” en la discusión.
A estas afirmaciones, la senadora y médica cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) respondió: “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”. Añadió que “los citaron a un encuentro, la comentaron y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”.
González explicó que los cambios buscan “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. En este sentido, destacó la relevancia de las internaciones involuntarias y definió el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
Además, dio detalles sobre la creación de un equipo interdisciplinario que debe incluir psiquiatras para “diagnosticar cuadros orgánicos de salud mental” y sugirió que, en situaciones críticas, el médico clínico contaría con 24 horas para activar un protocolo específico. En el caso de intervenciones ambulatorias, mencionó que un juez podría supervisar, tras la intervención inicial en un caso grave, durante un periodo de seis meses.
Corpacci indicó que también es importante considerar el contexto de la discusión sobre esta reforma.
