El Gobierno critica la marcha universitaria, atribuyéndola a intereses opositores: “Es política”

El Gobierno califica la Marcha Federal Universitaria programada para esta tarde como “claramente política” y reafirma su compromiso de aclarar los gastos en las universidades. En una conferencia de prensa realizada en el Ministerio de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expresaron en representación del Gobierno que la protesta tiene vínculos con intereses de la oposición. “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política”, comentó Álvarez. El funcionario también criticó la fotografía de rectores peronistas junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al igual que la adhesión de la CGT a la manifestación. “Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política”, insistió. Por su parte, la ministra Pettovello subrayó la importancia de la “batalla cultural” para que la ciudadanía comprenda que el Gobierno no está en contra de la universidad pública ni busca cerrarlas. “Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, resaltó. En este contexto, se convocó a los rectores para discutir la asignación de fondos destinados a hospitales universitarios. Con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la ministra enfatizó la necesidad de clarificar el uso de recursos públicos. El eje de la marcha programada es la exigencia de que el Gobierno implemente la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año anterior, la cual contempla actualizaciones salariales en línea con la inflación para el período 2024 y 2025. Sin embargo, el Gobierno argumentó que la norma no especificaba de dónde obtener los fondos, lo que contravendría la Ley de Administración Financiera. Este argumento ha sido refutado por las universidades, que han interpuesto un recurso y, tras recibir dos decisiones favorables, esperan una resolución de la Corte Suprema. En este panorama, el subsecretario Álvarez sostuvo que la única legislación que el Gobierno cumplirá es la Ley de Presupuesto y afirmó que la ley vigente —con un costo estimado de 1,2 billones de pesos— se considera abstracta desde la aprobación de la ley de leyes. “Si ellos creen que es abstracta, ¿por qué en el Presupuesto plantearon un capítulo para derogar la Ley de Financiamiento universitario?”.