El mayor impacto se ha visto en el “Plan Nacional de Alfabetización”, que experimentó una reducción de $35.288.051.713, lo que afecta directamente a las provincias encargadas de ejecutar el plan.
Además, se ha eliminado el “Fondo de Compensación Salarial Docente”, que estaba concebido para nivelar los salarios mínimos de los docentes provinciales, lo que representa una disminución de $8.929.835.294.
En el ámbito de infraestructura educativa y equipamiento, el ajuste totaliza $21.686.636.818, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una recorte de $6.649.536.538, afectando también a las becas estudiantiles, que han perdido más de $559 millones.
Por otro lado, la empresa estatal EDUC.AR S.A. ha visto una disminución en sus transferencias de $48.000.000.000.
Las universidades nacionales también han sido objeto de este recorte, con un anexo que incluye una reducción de $5.303.000.000 en transferencias de capital para la infraestructura del conocimiento, lo que ha llevado a la suspensión de obras en trece instituciones de educación superior.
La Universidad Nacional de La Plata se erige como la más afectada, con una reducción de $1.043.000.000, seguida por la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, que comparten un recorte de $700.000.000 cada una; Río Cuarto, con $680.500.000; y Entre Ríos, que ha recibido $540.000.000 menos.
En el contexto del reclamo universitario, el CEPA ha estimado que el presupuesto del Programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior”, que abarca a las universidades nacionales, presenta una caída real del 32,5% entre 2023 y 2025 bajo la administración de Javier Milei.
Proyectado en pesos constantes a diciembre de 2026, según las expectativas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el actual crédito asciende a $4,87 billones. Esto agrava la brecha existente, resultando en una contracción acumulada del 41,6% en comparación con 2023.
La comparación con la Ley de Financiamiento Universitario, que fue vetada por el Poder Ejecutivo y luego recuperada por el Congreso, evidencia aún más la magnitud del ajuste. Si esa normativa se hubiera aplicado, el presupuesto destinado a universidades nacionales habría alcanzado $8,49 billones en términos de 2026, con un crecimiento real del 33,8% respecto al presupuesto vigente en 2025 y un leve incremento del 1,9% respecto a 2023, lo cual habría permitido una casi total recuperación de lo perdido.
El enfoque del Gobierno se dirige en otra dirección. El incremento proyectado del 13,1% aumentaría el crédito a $5,51 billones a valores de 2026, lo que, en términos reales, representaría una disminución del 2,1% respecto a 2025 y una caída del 33,9% respecto a 2023.
“Por lo tanto, mientras la Ley insistida permitía prácticamente recuperar el nivel presupuestario previo al ajuste…”
