Esta propuesta está diseñada para atraer inversiones significativas en sectores tecnológicos y en actividades que actualmente carecen de desarrollo en el territorio nacional. El requerimiento mínimo de inversión se establece en US$1000 millones por proyecto.
Con la implementación de este nuevo régimen, la administración de Javier Milei busca impulsar el crecimiento económico, aumentar las exportaciones de bienes y servicios, y favorecer la generación de empleo. Además, se propone coordinar el trabajo conjunto entre el Estado, las provincias y las autoridades reguladoras en materia de recursos naturales, así como fortalecer las cadenas de producción nacionales relacionadas con estas inversiones.
En los fundamentos del proyecto enviado a la Cámara de Diputados, la gestión actual defendió que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue un “primer paso”, pero consideró necesario crear un “instrumento superador” que esté orientado específicamente a actividades económicas innovadoras y de alto impacto tecnológico.
Los aspectos más destacados del Super-RIGI incluyen un umbral mínimo de inversión de US$1000 millones por iniciativa, a través de Vehículos de Proyecto Único (VPU), y la condición de ejecutar al menos el 20% de esa inversión durante los dos primeros años de afiliación al régimen.
El plazo para presentar proyectos se extiende por cinco años desde la reglamentación de la ley, con la posibilidad de una prórroga de un año. Además, el proyecto garantiza una estabilidad normativa de 30 años en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social, y estipula que las disputas entre el Estado y los inversores podrán ser sometidas a arbitraje internacional.
Entre los principales beneficios fiscales y aduaneros que ofrece el proyecto, que cuenta con 13 capítulos, se encuentran los siguientes:
– La tasa del impuesto a las ganancias será del 15%, mientras que en el RIGI actual es del 25%. – El proceso de amortización será acelerado: 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes. – Se permitirá deducir pérdidas sin límite temporal. – Se prevé una reducción en los gravámenes sobre dividendos y ganancias, del 3,5% tras cuatro años de adhesión al régimen, mientras que el RIGI actual contempla una disminución de hasta el 7%. – Se aplicará una alícuota única del 10% en contribuciones patronales sobre los salarios de los trabajadores incorporados después de unirse al Super-RIGI, aunque el aporte al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatorio y no estará sujeto a esa reducción.
Respecto a los incentivos aduaneros y cambiarios previstos en el Super-RIGI:
– Se exime de derechos de importación y exportación a bienes relacionados con el proyecto y a productos exportados bajo este régimen. – Se establece un esquema progresivo que permite la libre disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones: 20% en el primer año, 40% en el segundo año y 100% en el tercero.
