El proyecto, que modifica o anula 63 leyes y suspende dos decretos, busca eliminar normativas que se consideran obsoletas o burocráticas. Se obtuvo una amplia media sanción en Diputados, con un resultado de 138 votos a favor y 96 en contra, y está preparado para ser discutido en el Senado, donde se encuentran otros temas prioritarios como la ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” y diversas designaciones de jueces.
“La Ley Hojarasca es una herramienta para ordenar nuestro sistema normativo, reducir burocracia y avanzar hacia un Estado más eficiente. No se trata de quitar derechos, sino de eliminar regulaciones obsoletas que ya no cumplen ninguna función real”, expresó Nadia Márquez, quien encabezó el plenario junto a Agustín Coto.
Durante el plenario, Bullrich estuvo presente junto a Márquez y Coto.
Dos bloques del peronismo, Convicción Federal y Justicialista, presentaron sus propios dictámenes: el primero solicitó omitir las reformas que afectan a iniciativas culturales, mientras que el segundo propuso tratar las reformas en la Comisión Bicameral del Digesto Jurídico o analizar las leyes de manera separada para no derogarlas en conjunto, las que no tienen vigencia de aquellas que sí podrían ser aplicadas.
Entre las normativas que se consideran en desuso, se destaca la eliminación de la ley que crea una matrícula para palomas mensajeras de carrera y la que requiere un “carnet de mochilero”. No obstante, también se retirarán leyes que, aunque aún tienen relevancia, no se alinean con la postura del Gobierno, como la promoción de la apicultura y la ley que obliga a los funcionarios a adquirir automóviles de producción nacional.
Asimismo, se anulará la Ley 25.750, que exige al Estado proteger el “patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural”, además de regular la participación de empresas extranjeras en medios de comunicación.
El peronismo se posiciona como el principal opositor a la ley Hojarasca.
El oficialismo ya había acordado varios cambios. Se quitó algunas derogaciones que beneficiaban a los legisladores, como las credenciales de libre circulación y estacionamiento (Ley 20.959) y la continuidad del Círculo de Legisladores (20.984), que seguirá recibiendo financiamiento del Estado.
También se preservará la Ley Nº11.380, que brinda facilidades crediticias a cooperativas por parte del Banco Nación y las exonera de ciertos impuestos. Según se pudo conocer, los bloques están reclamando la eliminación de la exclusividad del financiamiento nacional que se otorga a la Federación Argentina de Municipios, así como la derogación de la Ley 26.688, que promueve la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para fármacos y productos médicos.
Una particularidad de la nueva redacción es la excepción respecto a la conocida “ley del Lobizón” N°20.843, que institucionaliza el padrinazgo presidencial del séptimo hijo varón o de la séptima hija mujer de una pareja, garantizándole una beca de estudios vitalicia. Si bien esta norma será eliminada, la ley Hojarasca permitirá que los ahijados de un Presidente “podrán optar por seguir manteniendo sus beneficios.”
