El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 ha impulsado la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ha dispuesto la citación a declaración indagatoria de 29 personas, en consonancia con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. Entre los convocados por el fuero judicial se encuentra el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya posee un procesamiento en el expediente.
Las audiencias de indagatoria se llevarán a cabo entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La convocatoria incluye también la ampliación de declaraciones de al menos cinco imputados que ya habían prestado indagatoria previamente, en una causa que continúa sumando elementos probatorios y expandiendo el número de involucrados.
Entre los individuos que deberán comparecer nuevamente ante la Justicia figuran el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.
Caso ANDIS: pormenores de la investigación
La investigación se orienta a reconstruir un entramado que habría operado dentro del organismo estatal con propósitos ilícitos. En este sentido, el juez Ariel Lijo ha sostenido que «La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público», coincidiendo con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal. La hipótesis judicial describe un esquema sistemático de desvío de fondos.
Como parte de las diligencias adoptadas, el juzgado ha decretado la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas. Según ha explicado el magistrado, «Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—».
La causa ANDIS busca esclarecer un esquema de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esta estructura, en un entramado que combinaba intereses privados con decisiones emanadas de la administración pública. La trascendencia del caso lo posiciona como uno de los expedientes más relevantes en materia de presunta corrupción en el área social.
