En educación, Brasil parece avanzar en sentido contrario a la Argentina. Mientras nuestro país retrocede en las evaluaciones internacionales, los indicadores brasileños muestran mejoras. Incluso, Brasil ya superó a la Argentina en las pruebas PISA.
—¿Qué lugar tuvo la educación en la campaña electoral reciente?
—En la primera vuelta se debatieron muy poco las propuestas. La estrategia de Flávio fue evitar cualquier enfrentamiento con Lula, porque Lula es un monstruo y no estaba haciendo un mal gobierno. Los indicadores económicos eran buenos, al igual que las políticas sociales, sobre todo en educación. Yo era el referente educativo de Lula durante la campaña, pero Flávio no tenía a nadie en ese lugar. Por eso, ni siquiera participaron del debate sobre el tema. Cuando se compara a Lula, el mejor presidente de la historia del país para la educación, con lo que hizo Bolsonaro durante sus cuatro años, no hay punto de comparación. En las redes sociales empezamos a mostrar cómo el recorte del 1,5% del PBI que el equipo económico de Flávio Bolsonaro prometía para 2027 afectaría a la educación. El resultado del 4 de octubre, en la primera vuelta, nos desanimó mucho. Pero al día siguiente, unas 4.000 personas se manifestaron espontáneamente en la Universidad Federal Fluminense, en Niterói. Eran estudiantes que defendían la universidad pública. La causa estaba por encima del Partido de los Trabajadores y de Lula: era la educación. Hablé con los dirigentes estudiantiles para saber qué ocurría y me dijeron que para el día siguiente ya se habían convocado otras 44 manifestaciones espontáneas.
—¿Qué hizo Brasil para mejorar la alfabetización inicial?
—Cuando regresamos al gobierno en 2023, durante el tercer mandato de Lula, el Ministerio de Educación estaba destruido. Bolsonaro no lo eliminó, pero lo desmanteló al quitarle presupuesto. Tuvimos el presupuesto más bajo de la historia reciente, algo muy perjudicial para las políticas educativas. En Brasil, el Ministerio coordina la federación: las escuelas dependen de los municipios o de los estados. En alfabetización encontramos que apenas un tercio de los chicos sabía leer y escribir a los ocho años. Creamos el programa Compromiso Nacional Niño Alfabetizado y trabajamos con todos los municipios y estados. Organizamos una red de asistencia técnica e inversiones, con 7.000 coordinadores en todo el país, apoyo técnico, materiales didácticos e infraestructura. Cada municipio tiene su plan de alfabetización, con metas y objetivos. Así pasamos de un tercio a dos tercios de chicos alfabetizados: llegamos al 66%. Nuestra meta es alcanzar el 80% para 2030, pero, como los resultados son muy buenos, antes de la campaña Lula nos pidió llegar al 100%. Ahora que ganamos la elección, volveremos a acordar con todos los municipios y estados cómo elevar las metas, sin modificar las líneas principales del programa. Es muy difícil, por supuesto, pero ese es el objetivo y lo que nos pide el Presidente.
—Me interesan dos aspectos del plan brasileño: el indicador que crearon para determinar si un niño está alfabetizado y el reconocimiento a las escuelas y municipios que mejoran.
—En Brasil tenemos un fondo para el desarrollo de la educación básica, el Fundeb, que reúne los recursos federales, estaduales y municipales destinados obligatoriamente a la educación. El gobierno federal aporta el 23% y el resto proviene de impuestos de los estados y municipios. Lula creó el fondo en 2006. Hasta entonces no había recursos garantizados para la educación primaria y secundaria. En aquel momento, apenas entre el 35% y el 40% de los jóvenes cursaba la enseñanza media en la edad correspondiente. Arrastramos una deuda histórica: 64 millones de brasileños no terminaron la educación básica. ¿Por qué? Porque no había fondos ni educación para todos; era para unos pocos. El fondo permitió que niños y jóvenes ingresaran a la escuela. Veinte años después, prácticamente todos están dentro del sistema educativo. Ahora comienza el desafío de la calidad.
—¿La prioridad ahora es la calidad?
—Ahora el foco está en la calidad, porque logramos ampliar la inclusión y, al mismo tiempo, mejorarla, algo muy poco habitual en el mundo. Esos 20 años fueron el primer ciclo; planificamos que el próximo también dure dos décadas. La alfabetización es fundamental para elevar la calidad. El fondo de desarrollo permite que los estados otorguen bonificaciones a sus municipios mediante un impuesto a la circulación de mercaderías y servicios. No son sumas grandes, pero ayudan. Sin embargo, lo que más sirve es el indicador de alfabetización y el reconocimiento a los intendentes y responsables municipales de Educación que trabajan para mejorar. Una vez al año, el Presidente de la República distingue a los municipios que cumplen los requisitos y las metas del programa. A veces, eso vale mucho más que un incentivo económico. Es un reconocimiento y una forma de rendir cuentas ante la sociedad. Es mostrarle: “Mirá, tu municipio está trabajando. Tus escuelas están dando buenos resultados”. Para eso contamos con un indicador elaborado por el Instituto Nacional de Investigaciones Educativas, el INEP. Sus especialistas fijaron los parámetros para determinar si un chico está alfabetizado.
—¿Qué método de enseñanza utilizan? En la Argentina hay un gran debate entre el método constructivista y el fónico.
—Lo abordamos de manera democrática. Flávio Bolsonaro dijo que usaría únicamente el método fónico. Pero hay personas que lo aplican y no obtienen resultados, y otras que usan el constructivista y tampoco los consiguen. También hay quienes emplean uno u otro y sí logran buenos resultados. Brasil tiene 5.570 municipios, cada uno con un intendente y un secretario de Educación que piensa de manera distinta. No puedo imponerles un método. Les digo: voy a evaluar, acompañar y ayudar en lo que necesiten, cualquiera sea el método, pero el objetivo es que mejoren. Llevamos 20 años con ese debate y, en definitiva, perdimos dos décadas. Decidimos respetar lo que define cada municipio y ayudar a todos, sin importar el partido político, para cumplir el objetivo nacional de alfabetización, que ahora queremos llevar al 100%. Si algo no funciona, analizamos por qué. A veces el problema es el método y otras, la forma de aplicarlo. La defensa ciega del método fónico es un debate muy propio de la extrema derecha. El problema no es el método, sino cómo se implementa y si los chicos aprenden.
—¿Cómo intervienen las empresas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil en el programa?
—Participan los sindicatos, las asociaciones docentes, los investigadores y también las instituciones filantrópicas privadas, que tienen mucha fuerza en Brasil. El 75% de la inversión filantrópica privada del país se destina a educación. Entre ellas están el Instituto Natura, la Fundación Lemann y Todos por la Educación, que reúne a empresas que aportan recursos. Todos participan del Foro Nacional de Educación, junto con universidades y organizaciones de trabajadores. Cada sector presenta sus propuestas. Las instituciones privadas defienden la inversión social privada y tienen una agenda que a veces difiere de la de los sindicatos docentes. Pero comparten un objetivo: mejorar la educación. Cada uno tiene su estrategia y nosotros procuramos escuchar a todos. Tenemos un gobierno democrático y popular, en el que los sindicatos tienen mucho peso, pero también atendemos al sector privado, que brinda una ayuda importante, más técnica que financiera. Nos ayuda a diseñar los planes. Antes de lanzar una política, siempre la debatimos en el Foro Nacional de Educación.
—¿Tienen problemas con las huelgas?
—En Brasil, cada municipio está a cargo de la educación básica inicial y los estados, de la secundaria. El gobierno federal administra las universidades federales, que concentran entre el 20% y el 25% de la matrícula universitaria. El 80% corresponde al sector privado. Siempre hay reclamos en las universidades y escuelas técnicas federales, pero no hay huelgas. En 2008, Lula estableció un salario mínimo nacional para los docentes. La regla permitió que en estos 18 años se duplicara el sueldo inicial de los profesores. Descontada la inflación, pasó de unos 2.500 reales a los 5.130 reales actuales. Se duplicó. En 2008, el sueldo inicial de un profesor equivalía al 40% del salario promedio de otros profesionales con educación superior. Hoy representa el 80%. Mejoramos en términos absolutos y relativos, aunque todavía falta avanzar. Cada año actualizamos el salario mínimo nacional para los docentes que trabajan 40 horas semanales. Este año modificamos la ley para garantizar que los aumentos sigan por encima de la inflación.
—En la Argentina también comenzó un Plan Nacional de Alfabetización. Desde la experiencia brasileña, que empezó antes, ¿qué recomendaciones pueden hacer?
—Me parece que el plan argentino se inspira en parte en lo que se hizo en Brasil. Pero creo que enfrenta un problema estructural: el financiamiento. Cuando se recorta el gasto social, una de las inversiones más importantes es la educación. Entonces, todo lo que hay que hacer se hace con recursos escasos. El secretario de Educación tiene que luchar en un contexto desfavorable. Por bueno que sea el plan, si el gobernante no lo prioriza políticamente, no puede funcionar. Históricamente, en América Latina la educación nunca fue una prioridad para los gobiernos. Se favorecieron el mercado u otras cuestiones. Y la educación es la mejor inversión que existe. Desafío a cualquier economista mínimamente inteligente a que me diga cuánto rinde cada peso invertido en educación y si hay otra inversión mejor. Recortar en educación tiene consecuencias nefastas.
—Entonces, la recomendación principal es no reducir el presupuesto educativo para que funcione el plan de alfabetización.
—Claro, porque la educación no se puede pensar de forma aislada. Las políticas están conectadas. La universidad pública forma a los profesores que luego trabajan en la educación básica. Si no se forman docentes de calidad, ¿cómo se puede exigir que haya buenos alfabetizadores? Todo está relacionado. Cuando se recortan la investigación, la universidad pública, los salarios docentes y el Fonid, como ocurre en la Argentina, no se puede esperar que un plan funcione a la perfección. En Brasil ya vimos esa película varias veces: gobernantes que creyeron que podían resolver los problemas con eficiencia y recortes. La eficiencia es fundamental y trabajamos todos los días para mejorarla. Pero es difícil ser eficiente en un contexto de miseria.
—La Argentina tuvo históricamente mejores indicadores educativos que Brasil, pero en los últimos años la situación se revirtió. ¿A qué lo atribuye?
—Llevo 32 años en el Ministerio de Educación, en distintos cargos, y soy ministro desde este año. Vi pasar a seis presidentes en ocho mandatos. Cuando Lula llegó en 2003, cambió la mentalidad y la perspectiva. Garantizamos en la Constitución derechos que antes no estaban reconocidos y convertimos el derecho a la educación en algo concreto, con financiamiento estable y previsibilidad. También exigimos una mejor organización de los sistemas educativos. Junto con el aumento de los recursos, estructuramos un sistema de evaluación que cualquier padre o madre pudiera comprender. Desde hace 20 años tenemos un índice de desarrollo de la educación básica que indica si una escuela es buena o mala. Es una simplificación, porque la educación es mucho más compleja que un indicador, pero sirve para orientar las políticas. Sabemos que los contextos socioeconómicos y familiares son distintos. Si una escuela está en una situación muy difícil y obtiene un indicador bajo, lo importante es observar cuánto mejoró, no solo su resultado absoluto.
—En la Argentina la ley impide publicar los resultados de las escuelas, mientras que en Brasil sí se difunden. ¿Eso contribuye a mejorar los resultados?
—Es un debate permanente. Pero, por ejemplo, hace 20 años había unos 3.280 municipios con resultados inferiores a cinco puntos en el Índice de Desarrollo de la Educación Básica, el IDEB, que sería una nota mínima para los alumnos de primero a quinto grado. Hoy quedan alrededor de 400. ¿Por qué? Trabajamos con los intendentes y les mostramos que ese indicador también era importante para sus votos. La política funciona así. Al principio hubo mucha resistencia, pero el sistema se consolidó. No premiamos solo la nota absoluta, sino también la evolución: cuánto mejoró o empeoró cada municipio. Al hacer que los gobernantes respondieran públicamente por esos resultados, se fue creando una cultura que dio resultado. Los beneficios superaron los perjuicios.
—Otra medida que implementaron es un examen al terminar la secundaria. ¿Ayuda a que los estudiantes se motiven y aprendan más?
—Sí. Este año haremos un cambio muy importante e histórico. Hasta ahora teníamos dos exámenes. La Prueba Brasil medía el aprendizaje de los jóvenes de 17 años y servía para evaluar las escuelas y los sistemas educativos estaduales, pero no tenía consecuencias para los estudiantes. También estaba el ENEM, el Examen Nacional de Enseñanza Media, que permite ingresar a universidades públicas y privadas. Cuanto más solicitada es una carrera, más puntos se necesitan. Es un sistema único que da acceso a unas 275.000 plazas en universidades públicas y 590.000 en universidades privadas mediante becas. Este año decidimos que el ENEM también mida la calidad de la educación pública brasileña. La diferencia es que la Prueba Brasil evalúa solo portugués y matemática, mientras que el ENEM incluye además Ciencias, Geografía e Historia. Antes, los estudiantes no tenían incentivos para rendir la Prueba Brasil y el examen no se tomaba con controles tan estrictos, porque lo administraba el propio profesor. El ENEM se realiza bajo condiciones de seguridad muy rigurosas, abarca todas las áreas y ofrece al estudiante una motivación concreta.
—¿Van a mantener únicamente el ENEM?
—Este año todavía tendremos ambos exámenes, pero el ENEM ya empezará a utilizarse para evaluar la calidad educativa. Haremos el primer cálculo a partir de sus resultados. Además, el ENEM, que hasta ahora era optativo, se volverá obligatorio de manera gradual.
—El ENEM fue diseñado para un sistema universitario con cupos. En la Argentina el ingreso es irrestricto. ¿Qué modelo le parece mejor?
—En la Argentina el filtro se aplica después, dentro de la universidad. Nosotros lo hacemos antes.
—Sí, pero ¿cuál le parece mejor?
—Si pudiéramos incorporar a todos los alumnos, sería mejor, como hacen ustedes, porque tendrían más oportunidades para prepararse. Pero el examen nacional de secundaria también nos ayudó a democratizar el acceso. En la década de 1990, solo un tercio de los estudiantes de las universidades públicas provenía de escuelas públicas. Ahora son dos tercios.
