La expresidenta ha incorporado a su equipo legal a Rafael Valim, un renombrado jurista que desempeñó un papel crucial en lograr la libertad de Lula da Silva y en anular su condena en Brasil. También se sumó Javier Borrego, un destacado jurista español y exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Con la causa Vialidad ya cerrada y la condena firme tras el fallo de la Corte Suprema, el kirchnerismo ha agotado las instancias judiciales nacionales. Por esta razón, ha optado por llevar su reclamo a tribunales internacionales.
La estrategia del entorno de Kirchner opta por presentar su denuncia formal ante las Naciones Unidas en lugar de hacerlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este recurso apunta a acusar a la Justicia argentina de llevar a cabo prácticas de lawfare, persecución política e irregularidades durante el proceso judicial que culminó con su condena.
El objetivo manifiesto de esta jugada es que Cristina Kirchner pueda ser candidata en 2027, buscando eliminar la proscripción que pesa sobre su figura.
Se espera que la confirmación formal de este movimiento se realice este miércoles a las 11:00 en el NH Hotel, donde se presentará una Comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto de la causa Vialidad.
Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego estarán presentes para detallar los fundamentos legales de la presentación y los pasos a seguir.
La estrategia abarca dos frentes: el ámbito puramente legal, con la participación de abogados de renombre internacional en casos de alto perfil, y el enfoque político, que busca posicionar a Cristina Kirchner en el plano internacional como una presa política y víctima de una persecución judicial.
Este relato tiene la intención de reflejar, desde una perspectiva argentina, el camino que siguió Lula da Silva en Brasil antes de regresar a la política como candidato y presidente.
La inclusión de Valim es significativa, dado que fue fundamental en la anulación de la condena de Lula. Su experiencia en los mecanismos de derechos humanos de la ONU, así como en el sistema interamericano y europeo, le otorga un rol estratégico.
Aunque ningún organismo internacional puede anular directamente un fallo de los tribunales argentinos, sí pueden declarar la responsabilidad internacional del Estado. Según el entorno de Cristina Kirchner, tal declaración serviría como apoyo político y jurídico para solicitar una revisión de su situación procesal.
