Oscar Liberman, el diputado que encabeza la propuesta, afirmó que se trata de “un alivio fiscal para los contribuyentes que tendrá un impacto positivo en el consumo formal”. La medida pretende derogar el artículo 252 del Código Fiscal bonaerense (Ley N° 10.397), que grava con un 1,2% todos los cargos o débitos realizados a través de tarjetas de crédito. Liberman señala que este impuesto incrementa los gastos en cada operación y empuja a los consumidores hacia canales no declarados.
Además, el proyecto propone modificaciones al artículo 258 del mismo código y a la Ley Impositiva vigente (Ley 15.558) en relación con el impuesto de sellos. En caso de ser aprobado por la Cámara, esta reforma afectaría directamente a los ciudadanos bonaerenses que utilizan las tarjetas de crédito como forma habitual de pago, según lo argumentado por sus proponentes.
El diputado Liberman también enfatizó que su argumento no es únicamente económico, sino que posee un fundamento jurídico. Indica que el resumen de la tarjeta de crédito no cumple con los criterios establecidos por la Ley de Coparticipación Federal para que un documento esté sujeto a este impuesto. Según el artículo 9, inciso b, apartado 2 de dicha ley, un documento debe reunir “los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes”.
El legislador destacó que el resumen mensual de la tarjeta no satisface esta condición, ya que no está firmado o reconocido por su titular. Asimismo, la Ley Nacional de Tarjeta de Crédito 25.065, en su artículo 39, establece que para ejecutar un saldo impago, el emisor de la tarjeta necesita documentación adicional. “Del propio régimen legal de tarjetas de crédito se deduce que la liquidación o resumen periódico no constituye título suficiente para iniciar una acción judicial”, subrayó Liberman.
Con base en este razonamiento, él concluyó que “la provincia de Buenos Aires no tiene potestad alguna para apartarse de la definición” establecida por la coparticipación federal. En esta línea, calificó la propuesta como “una corrección jurídica hacia un sistema tributario más justo” y rechazó la intervención del fisco provincial en cada operación privada: “El Estado no puede seguir viendo cada operación privada como una oportunidad para cobrar un impuesto más”, expresó. La iniciativa cuenta con el apoyo de otros 16 legisladores del bloque libertario, incluyendo a Juan Osaba, Agustín Romo y Francisco Adorni.
