Según se ha informado, la decisión fue oficializada a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial y se hizo pública el 30 de junio, tras casi cuatro años de gestión de Zarratea al mando de un organismo de gran importancia dentro de la estructura educativa de Misiones.
La Junta de Clasificación y Disciplina juega un rol fundamental, ya que se encarga de aspectos relacionados con legajos, puntajes, antecedentes, movimientos, clasificación docente y expedientes disciplinarios. Por lo tanto, cualquier cambio abrupto en su dirección afecta a miles de trabajadores de la educación que dependen de estos procedimientos para obtener cargos, traslados, titularizaciones o abordar reclamos administrativos.
La decisión de Passalacqua ha suscitado dudas, puesto que, según las informaciones locales, el despido no fue acompañado en un primer momento por una justificación pública detallada que aclare los motivos políticos, técnicos o administrativos detrás de esta medida. Esta falta de claridad ha aumentado el descontento entre docentes, quienes habían reconocido a la Junta como un espacio clave para la gestión de trámites delicados.
Durante la gestión de Zarratea, un hito importante fue la implementación de un sistema de registro y codificación docente, diseñado para organizar información, aumentar la trazabilidad de los datos y mejorar la transparencia de los procesos internos. Esta iniciativa había sido presentada ante autoridades educativas como un avance significativo para la carrera de los docentes.
La decisión política de Passalacqua surge en un momento en el que la provincia intenta mantener la normalidad administrativa en el ámbito educativo, al tiempo que realiza un cambio drástico en un área cuya confianza es esencial para los docentes. La remoción no solo afecta a un funcionario, sino que también reorganiza un espacio que gestiona información y decisiones directamente relacionadas con los derechos laborales.
El cambio ha sido oficializado por decreto, y el Consejo General de Educación deberá proseguir con los trámites administrativos bajo la nueva dirección o bajo la autoridad que designe el Ejecutivo para asegurar el funcionamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina.
