En esta semana, se dio a conocer el dictamen en la Cámara de Diputados que incluye las tierras raras en el Código de Minería. Este grupo de 17 minerales pertenecientes a los lantánidos se utiliza en la fabricación de imanes de alta potencia, baterías, dispositivos LED, lentes y en diversos procesos industriales. A pesar de que su detección aún no se ha desarrollado ampliamente en el país, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) ha identificado 190.395 toneladas de recursos de tierras raras, principalmente en Salta, Jujuy, San Luis y Santiago del Estero. La aprobación de su inclusión en el código significaría la eliminación de la ambigüedad jurídica actual, alineándola con otros materiales.
La propuesta que busca incluir al sector en el RIGI hasta julio de 2027, fecha de vencimiento del régimen, fue impulsada por Silvana Giudici y contó con el respaldo de aliados radicales y provincialistas. El avance fue notable, con un mes de discusión y un avance el mismo día de una sesión en la Cámara baja. Por su parte, el bloque oficialista presentó una alternativa que también incluye las tierras raras en el Código de Minería pero las excluye del RIGI, buscando categorizar como “de interés nacional” la extracción de estos minerales, lo que establecería una estrategia federal sobre las materias primas que constitucionalmente pertenecen a las provincias.
Un mes antes, Giudici había obtenido apoyo del Consejo Federal de Minería (COFEMIN), y Leonardo Rodríguez, representante de una cámara empresaria del sector, enfatizó en Diputados la necesidad de un “marco jurídico estable, competitivo y previsible”. En la misma línea, Juan Biset, miembro del equipo minero del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expresó que “identificamos una serie de proyectos considerados de clase mundial”, instando a los legisladores: “Si introducimos legislación que incrementa los costos, estoy apagando áreas mineras. Si hago lo contrario, promuevo la minería. No son los geólogos, son ustedes los que hacen minería”.
Por otro lado, también se discute en el Senado un régimen para institucionalizar los mecanismos de medición y seguimiento del mercado de carbono en Argentina. Este proyecto, impulsado por la senadora Flavia Royón, podría ser incluido en una sesión como parte de un acuerdo con el oficialismo. Su objetivo es reglamentar la comercialización de “créditos de carbono”, que se generan a través de emprendimientos relacionados con la sostenibilidad, permitiendo que organizaciones nacionales o extranjeras compensen sus propias emisiones de carbono.
El texto establece la creación de un Registro Nacional de Reducción de Emisiones, que tendrá funciones ampliadas en comparación con el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación (ReNaMi), que se instituyó en 2021, el cual supervisa proyectos que deben demostrar que las reducciones de emisiones no habrían ocurrido sin su implementación y que estas son sostenibles a largo plazo. Como incentivo, estos proyectos contarían con estabilidad fiscal por 15 años y diversas facilidades impositivas en Ganancias, IVA y amortizaciones. Además, se garantizará la propiedad del crédito al dueño de la tierra y no al Estado.
Esta medida significaría un avance en la capacidad regulatoria del país, alineando a Argentina con un marco legal similar al de la región, algo que ya se aplica en Brasil, Chile y Colombia. Asimismo, facilitaría la iniciativa actual de mercados voluntarios. El Consejo Agroindustrial Argentino ha solicitado la aprobación de este proyecto, argumentando que podría generar ingresos de unos 3.900 millones de dólares para el país, además de atraer inversiones territoriales superiores a 2.000 millones de dólares. “Para transformar nuestra ventaja competitiva en inversión y empleo genuino, necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de forma prioritaria”, señaló el Consejo en un comunicado.
Entre las novedades legislativas de la semana, destaca el aplazamiento de la sesión prevista para este jueves, donde el Senado planeaba otorgar media sanción a la ley de biocombustibles, que propone aumentar los porcentajes de mezcla de bioetanol y biodiésel. Ante esta situación, organizaciones destacadas del sector manifestaron la necesidad de un tratamiento urgente de la normativa. La Bolsa de Cereales de Córdoba se sumó a estos reclamos, enfatizando que es un momento clave para avanzar.
La situación refleja la tensión interna entre grandes productores de biodiésel y pymes del sector, cuyos representantes en el Senado han presionado para frenar el avance de la normativa. Los rechazos provienen de distintos bloques, incluyendo libertarios y justicialistas de San Luis, radicales de Santa Fe y peronistas de La Pampa. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles calificó el proyecto como una amenaza para la viabilidad de estas empresas: “Condena a la quiebra a las pymes regionales y concentra toda la producción de biodiésel en empresas integradas”. También han surgido objeciones desde la Secretaría de Energía de la Nación, que advierte sobre el posible impacto en los precios del combustible y su efecto sobre la inflación.
De cara a la posibilidad de una votación la próxima semana, senadoras del norte negocian con La Libertad Avanza ajustes al proyecto que puedan satisfacer a diversos sectores. En tanto, aumenta la propuesta de dividir el proyecto en dos partes: una para bioetanol, que cuenta con un amplio respaldo, y otra para biodiésel, que genera más controversia. Esta sugerencia es especialmente intensa desde provincias productoras de caña de azúcar, como Tucumán. Osvaldo Jaldo se pronunció al respecto en una conferencia de prensa, afirmando: “Deben mirar al norte, ya que nosotros también producimos combustible”.
