En las próximas horas, el Poder Ejecutivo presentará en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, siendo el martes la fecha límite para que esta iniciativa sea sometida a la Cámara de Diputados. El presidente Milei ha sido claro en su intención: a pesar de que el año venidero será electoral, continuará con la llamada “motosierra” en el recorte del gasto, y el principal pilar de la denominada “ley de leyes” será la implementación rigurosa del déficit cero.
El primer mandatario ha manifestado a su círculo cercano que está “convencido” de su reelección, según información proveniente de la Casa Rosada, argumentando que los logros de su gestión están llevando al país hacia su mejor momento en un siglo, lo que precisa ser consolidado.
Sin embargo, la presentación de este proyecto aviva el debate en torno al rumbo de la política económica. Mientras que en el ámbito libertario se sostiene que el equilibrio fiscal constituye la base para que “Argentina sea grande nuevamente”, los críticos advierten que un enfoque centrado únicamente en balancear las cuentas públicas, sin implementar medidas complementarias que reactiven la economía y favorezcan una mejor distribución de ingresos, podría transformarse en “el talón de Aquiles” del programa oficial.
Mantener la disciplina fiscal –especialmente en un año electoral– representará un significativo desafío para el Gobierno, tal como sostienen los especialistas, por múltiples razones.
Una de ellas es que más de la mitad del gasto público está indexado. El dinero destinado a jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ajusta conforme a la inflación pasada, lo que representa un 55% de las erogaciones, de acuerdo a datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Esta situación se torna complicada en un contexto de desaceleración de la inflación: en lo que va del año, las partidas indexadas experimentaron un aumento real aproximado del 3%, lo que obligó a recortes de cerca del 10% en los otros gastos para poder mantener el superávit fiscal.
Por motivos políticos, el Poder Ejecutivo Nacional procura aliados en el Congreso para modificar la ley electoral y eliminar las PASO, además de tratar de forjar alianzas con fuerzas políticas afines en el interior del país. En este marco, se complica la posibilidad de mantener el drástico recorte –que llega casi al 90%– en las transferencias a las provincias.
No menos relevante es la anticipación de que, a medida que se acerquen las elecciones, crecerán las presiones para mejorar los ingresos de la ciudadanía, sobre todo en un contexto donde las encuestas revelan un creciente descontento respecto a la situación económica.
Recientemente se han difundido diversas mediciones que ilustran este descontento: el 70% de los encuestados manifiestan insatisfacción con la marcha del país (Universidad de San Andrés); el 63% considera que la situación económica es “mala” (Giacobbe Consultores); más del 50% siente que se han agotado los plazos para esperar resultados positivos del modelo económico (Zentrix); y el 39% afirma que no logra llegar a fin de mes (Opina Argentina).
Si bien existe consenso entre economistas en que es poco probable que surjan escenarios disruptivos el próximo año, también se avizora que no se esperan grandes cambios en el panorama económico.
Es importante tener en cuenta que los sectores más dinámicos de la economía –como la agricultura, la minería y la energía– no son generadores masivos de empleo. Juntos, representan solo el 8% del empleo asalariado formal.
En contraposición, los sectores que dependen de mano de obra intensiva están en declive. Por ejemplo, se estima que alrededor de 3.300 empresas industriales cerrarán sus puertas a fin de año, dejando un saldo de 100.000 empleos menos (directos e indirectos), según un estudio de I+D Industria y Desarrollo.
A excepción de esos sectores en crecimiento, la inversión se encuentra en baja y se presume que gran parte de los empresarios aguarde el resultado electoral para tomar decisiones. Actualmente, los datos generales de inversión reflejan una caída interanual del 8% (Orlando Ferreres y Asociados).
Paralelamente, aunque la desaceleración en los índices de precios sugiere una mejora en el poder adquisitivo de la población, el ingreso disponible de las familias está presionado por el incremento (en términos reales) de las tarifas de servicios públicos y, más recientemente, por el creciente peso de los pagos de intereses y capital de las deudas.
Dada la decisión oficial de continuar con esta dirección –acompañada por una cuota de sacrificio–, en círculos cercanos a los libertarios se plantea que el Gobierno debería hacer “un mayor esfuerzo por comunicar los beneficios del modelo, en lugar de limitarse a insultar a quienes no coinciden”.
Queda por ver si Santiago Caputo, quien es el principal referente del discurso oficial, coincide con este planteo. Por ahora, se sabe que el asesor ha ganado protagonismo dentro del entorno oficial tras haber coordinado gestiones ante la Casa Blanca que facilitaron un mayor acercamiento del presidente Donald Trump hacia la posición argentina en el conflicto por las Islas Malvinas.
Este aumento de relevancia no es el único factor que se menciona. En la Casa Rosada se rumorea que Caputo desempeña funciones que le acercan a las tareas de la Jefatura de Gabinete, aliviando la carga del titular del área, Diego Santilli, quien está muy concentrado en su intento por alcanzar la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, se dice que esta mayor influencia de Caputo ha generado cierto descontento en el círculo de Karina Milei, quien tiene un enfrentamiento con el asesor y ha llevado a “tensiones” en la relación con el presidente.
Las proyecciones macroeconómicas incluidas en el presupuesto actual presentan discrepancias con la realidad.
A finales del año pasado, las autoridades estimaron para 2026 una inflación del 10%, cuando al acumulado de agosto ya se llega al 21%, y se prevé un 30% para todo el año, según el consenso de economistas.
Por otra parte, se anticipaba un crecimiento del producto bruto interno del 5%, mientras que las últimas estimaciones privadas apuntan a menos de la mitad de esa cifra: solo un 2,1%.
La desaceleración económica, junto con la derogación de diversos impuestos implementada por el Poder Ejecutivo, ha repercutido negativamente en la recaudación impositiva. En los primeros ocho meses del año, los ingresos tributarios han experimentado un retroceso del 5% en términos reales.
Ante estos menores recursos, el Ministerio de Economía se ha visto forzado a intensificar la reducción del gasto en momentos en que muchas partidas están atravesando situaciones límite.
Se prevé que al final del año, la reducción del peso del gasto primario en relación al PBI se sitúe cerca del 12,4%, cifra que representa una disminución de 5,4 puntos en comparación al 17,8% registrado en 2023, según estimaciones del IARAF.
De acuerdo con este organismo, los recortes más significativos se observan en:
En los primeros ocho meses del año, el gasto total de la Administración Pública Nacional cayó un 32% en términos reales comparado con el mismo periodo de 2023, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
Este análisis señala también que la Secretaría de Inteligencia del Estado fue una excepción, registrando un incremento del 42% en su ejecución.
Asimismo, los gastos relacionados con la deuda pública concentran el 12% del gasto total ejecutado y están ganando peso en la estructura presupuestaria.
Entre los recortes, se observa que, en el área de salud, la Superintendencia de Servicios de Salud sufrió una disminución del 61%.
Igualmente, la ciencia no ha estado exenta de recortes; las partidas para la Promoción de la Investigación y la Innovación se han reducido en un 89%.
El presupuesto destinado a las Fuerzas de Seguridad también ha experimentado mermas, que oscilan entre el 20% para el Ejército y hasta un 35% para la Policía Federal.
Estas cifras contrastan notablemente con el aumento del 164% que se ha registrado en la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde que Milei asumió la presidencia, según datos de la consultora Empiria.
