Martínez de Yankelevich, quien ocupó el cargo de jefa del Departamento Despacho de ATER y se declaró culpable el 21 de agosto, sostiene que las irregularidades por las que fue condenada no habrían sido posibles sin el conocimiento y la autorización de las altas esferas del organismo.
Además de Casaretto, quien fue diputado nacional y es un reconocido dirigente del PJ provincial, la denuncia incluye a Damián Alcides Zoff, ex director de Impuestos; César Del Castillo, ex director de Fiscalización Tributaria; Germán Gietz, ex director de Informática; Federico Borra, ex director Jurídico; y Manuel Valiero, ex director de Interior.
Con esta acusación, Martínez de Yankelevich pone en entredicho las anteriores conclusiones del expediente, que se habían centrado en los responsables directos de las operaciones fraudulentas. La investigación reveló un sistema que permitía la inclusión de datos falsos en el sistema tributario provincial, generando créditos fiscales inexistentes que beneficiaban a ciertos contribuyentes. Estos saldos ficticios permitían luego cancelar deudas tributarias reales, a pesar de que el dinero nunca ingresaba al erario provincial.
Las maniobras se llevaron a cabo entre 2004 y 2014 y se organizan en tres expedientes principales. El daño causado se estimó en aproximadamente $8 millones por las operaciones entre 2004 y 2007; $20 millones entre 2008 y 2011; y más de $18 millones durante el lapso de 2012 a 2014. En términos nominales de esos años, el monto asciende a cerca de $46 millones, que, tras una estimación de ajuste con el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), podría alcanzar hoy en día los $14.700 millones, equivalentes a aproximadamente US$9,7 millones según el tipo de cambio mayorista de agosto de 2026.
La investigación judicial comenzó en junio de 2014 y, a medida que se avanzaba, se incorporaron operaciones de años anteriores, retrocediendo hasta 2004. En diciembre de 2017, se resolvió la situación de 180 imputados. Casi nueve años después, el 21 de agosto de 2026, el Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 6 de Paraná dictó sentencia en un juicio abreviado, donde fueron condenados Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión.
Fue tras esta sentencia que la ex jefa de Despacho decidió implicar a quienes ocupaban las principales posiciones de liderazgo del organismo. Casaretto se defendió públicamente, afirmando que fue él quien denunció la manipulación de compensaciones en 2014, asegurando que la Justicia ya había desestimado las acusaciones en su contra y que, durante su gestión, se recuperó “todo el dinero” defraudado.
Martínez de Yankelevich, aunque admite su responsabilidad ante la Justicia, suscribe que las operaciones no podrían haberse llevado a cabo sin la “aprobación y consentimiento” de Casaretto y de otros altos funcionarios. Alega que los directores estaban al tanto de cómo se manipulaba la información tributaria y que participaban en el circuito administrativo de las operaciones.
Un aspecto de su denuncia refiere a un aviso realizado en 2012 por un auditor y el entonces director de Interior a Casaretto sobre movimientos sospechosos en cuentas de ciertos contribuyentes, cuya advertencia, según Martínez de Yankelevich, fue ignorada. Además, sostiene que los altos directores contaban con claves informáticas que permitían realizar alteraciones en las cuentas de los contribuyentes. Menciona una pericia informática que habría demostrado vulnerabilidades en el sistema de ATER.
La ex funcionaria solicitó también investigar su propia evolución patrimonial y la de Gaggión, Casaretto y los otros ex directores, pidiendo ser convocada para ratificar la denuncia y detallar la supuesta participación de cada involucrado.
Ahora, su presentación deberá pasar por una nueva etapa judicial que determinará si hay elementos suficientes para abrir una investigación sobre los ex funcionarios mencionados. Casaretto, contador público y figura destacada del peronismo entrerriano, ha desarrollado gran parte de su carrera en el sector público. Desde 1993 ocupó varios cargos, incluyendo el de ministro de Economía y Obras Públicas de Entre Ríos y diputado nacional por el Frente de Todos hasta diciembre de 2023, periodo que coincidió con una parte de las operaciones fraudulentas investigadas.
