En una nueva decisión, el magistrado determinó que “intímese nuevamente al Estado Nacional –PEN- para que en el término de cinco (5) días cumpla con la medida cautelar, bajo apercibimiento de astreintes”.
Esta medida cautelar, que obliga a cumplir con la ley, se encuentra vigente tras el fallo de la Corte Suprema dictado en junio.
Por su parte, los gremios universitarios iniciaron el miércoles un paro nacional de 72 horas para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La protesta se prolongará hasta el viernes 2 de octubre y abarcará a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones públicas a lo largo del país.
La huelga fue respaldada por CONADU y CONADU Histórica, sumándose a las acciones de organizaciones docentes y no docentes. En este contexto, el conflicto se mantiene sin una instancia de diálogo con el Gobierno, tal como indicó la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni.
La dirigente afirmó que hasta el momento no hubo comunicación de ningún funcionario con el sindicato y expresó que “no tienen expectativas” de que la administración de Javier Milei cumpla con la ley.
Carboni mencionó que el juez federal había instado la semana pasada al Poder Ejecutivo a cumplir de manera integral la medida cautelar, con un plazo límite hasta el 30 de septiembre.
“Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y comenzaron a difundirse rumores sobre una posible apelación, pero aún no se ha presentado formalmente”, explicó.
La titular de AGD-UBA no descartó que el Ejecutivo realice una presentación, aunque consideró que no correspondía otra apelación. Advirtió también que el incumplimiento de la orden judicial podría acarrear sanciones económicas.
Por último, indicó que no se han realizado nuevas negociaciones salariales ni se han comunicado mejoras adicionales al 3% previsto para los sueldos de septiembre, que se cobrarán en octubre.
El reclamo judicial se remonta a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a la falta de aplicación de la ley. El Gobierno, por su parte, sostiene que no dispone de los fondos necesarios para su implementación.
