“Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace a la justicia social”, expuso el funcionario al explicar el funcionamiento del nuevo esquema.
El término seleccionado por el titular del Palacio de Hacienda resuena con un profundo significado político e histórico. La justicia social representa una de las tres banderas del justicialismo, junto con la independencia económica y la soberanía política, y a lo largo de los años ha sido utilizada por el peronismo para respaldar políticas que buscan la ampliación de derechos y un mayor rol del Estado.
Caputo, quien es un destacado referente en un Gobierno que critica gran parte de la doctrina peronista y promueve ideas liberales, utilizó esta expresión para argumentar que cualquier persona con empleo debería tener la capacidad de adquirir una vivienda sin necesidad de esperar varias décadas para ahorrar.
“Nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para ahorrar y poder comprarla”, planteó el ministro.
El nuevo programa del Ejecutivo prevé el uso de recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para optimizar el financiamiento de los bancos y aumentar la cantidad de préstamos destinados a la compra de la primera vivienda.
El Gobierno ofrecerá a las entidades financieras un total de $2 billones, lo que equivale a aproximadamente US$1.500 millones, a través de licitaciones de depósitos a plazo fijo ajustados por UVA.
Los bancos podrán acceder a estos fondos por plazos de uno o cinco años, con una tasa mínima de UVA más 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA más 4,5% para aquellas de cinco años.
A partir de este financiamiento, las entidades deberán brindar créditos hipotecarios con una tasa máxima de UVA más 7,5%, un plazo mínimo de devolución de 15 años y un límite de hasta 150.000 UVA por operación. El dinero estará destinado exclusivamente para la compra de la primera vivienda. Además, el Banco Central supervisará que los fondos entregados a las entidades sean efectivamente canalizados hacia esos préstamos.
La primera licitación se llevará a cabo la próxima semana mediante el sistema SIOPEL y contará con un monto inicial de $200.000 millones. Este esquema intenta abordar una de las principales problemáticas del mercado: mientras los bancos suelen captar depósitos a corto plazo, necesitan prestar ese dinero a plazos de 15, 20 o 30 años.
El financiamiento ajustado por UVA ya tiene un papel relevante en el sistema: para abril de 2026, más del 95% de las nuevas altas hipotecarias se realizaron bajo esta modalidad, según datos del Banco Central.
