La propuesta, que ha recibido media sanción en Diputados, busca disminuir la cantidad de información que deben presentar las personas físicas y restringir las aristas de fiscalización del organismo.
Este nuevo esquema reemplaza la declaración jurada tradicional con un mecanismo simplificado. En esencia, el contribuyente tiene que informar menos datos y, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, puede acceder a una presunción de exactitud en su declaración.
Alrededor de 330.000 contribuyentes que actualmente abonan Ganancias ya han optado por este régimen. La iniciativa amplía su alcance al eliminar los topes de ingresos y patrimonio que actualmente limitan la adhesión: $1.000 millones en ingresos y $10.000 millones en patrimonio.
Un cambio significativo se encuentra en las condiciones que deberá cumplir ARCA para desafiar una declaración. El proyecto establece lo que se considera una “discrepancia significativa” y estipula que el organismo podrá formular observaciones cuando identifique una inconsistencia que implique una diferencia de al menos el 15% en el impuesto que debería abonar el contribuyente.
Además, la carga de demostrar dicha discrepancia recaerá en ARCA. Para ello, el organismo podrá recurrir a la información que el contribuyente haya declarado, a los datos de sus propios sistemas o a lo que proporcionen terceros.
Uno de los puntos que ha suscitado mayor interés en torno al proyecto es su impacto sobre los dólares que los individuos poseen fuera del sistema financiero o que no han sido previamente declarados al fisco.
El régimen no contempla una amnistía general para esos fondos. La atracción para el ahorrista radica en las nuevas pautas de fiscalización y en la presunción de exactitud que se otorgará a quienes se adhieran al esquema y cumplan con las condiciones.
Por lo tanto, los especialistas destacan que la principal novedad no es que el proyecto permita automáticamente “blanquear” dólares no declarados, sino que altera el marco bajo el cual ARCA tendrá la facultad de investigar el patrimonio y los ingresos de los contribuyentes.
La estrategia del Gobierno es que, bajo el nuevo esquema, el foco de la fiscalización se desplace hacia las discrepancias significativas entre la información presentada y los datos que pueda recolectar el organismo. La iniciativa también limita la posibilidad de que una diferencia patrimonial o de ingresos, por sí sola, conlleve a una determinación de oficio si no se supera el umbral establecido.
Durante el debate parlamentario, el bloque La Libertad Avanza acordó con sus aliados excluir de manera “total e incondicional” a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones previstos por el régimen.
Los representantes de los tres poderes del Estado podrán utilizar el sistema simplificado como herramienta para presentar su declaración jurada de Ganancias y abonar el saldo correspondiente. Sin embargo, no tendrán acceso a la presunción de exactitud, a la exención de fiscalizaciones ni a otros beneficios tributarios que contempla la iniciativa.
La exclusión se extiende a quienes hayan ocupado o ejerzan cargos de alta responsabilidad pública en los cinco años previos a la adhesión al régimen y en el futuro.
Mientras avanzaba la tramitación del proyecto en el Congreso, ARCA decidió postergar nuevamente el vencimiento de las declaraciones juradas de Ganancias para el período fiscal 2025.
A través de la Resolución General 5890/2026, el organismo amplió el plazo hasta el 22 de septiembre para presentar la declaración anual, que originalmente debía vencerse el 27 de agosto. Esta prórroga se aplica tanto para aquellos bajo el régimen general como para quienes ya están utilizando el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.
El pago del saldo de la declaración anual mantiene su vencimiento original. Asimismo, ARCA también retrasó la fecha de pago del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026 hasta el 24 de septiembre.
