La investigación se centra en una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde Estados Unidos, a través de una empresa asociada a Machado, quien fue condenado en ese país por lavado de activos.
Para justificar esta entrada de dinero, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., aunque dicho servicio nunca fue efectivamente prestado. La fiscalía sostiene que este contrato pudo haber sido utilizado para dar una apariencia de legalidad a fondos cuyo origen está siendo investigado.
En su defensa, Espert cuestionó el avance del procesamiento, argumentando que el juez lo hizo sin haber recibido aún la respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para verificar la procedencia de los activos. Según su abogado, la resolución se sostiene en un delito anterior que aún no ha sido probado.
Además, el exdiputado intentó desarmar la acusación de ocultamiento, señalando que el dinero ingresó a una cuenta a su nombre, que los vehículos adquiridos están registrados a su nombre y que no ha habido movimientos que pudieran disimular la titularidad sobre dichos fondos. Asimismo, negó que Machado hubiera recibido una devolución del dinero.
Por otro lado, Espert argumentó que cualquier irregularidad fiscal relacionada con la transferencia debería ser tratada como un asunto tributario y no como un acto de lavado de dinero. La Justicia, mientras tanto, continúa analizando el contrato, el movimiento del dinero y su uso.
La relación entre Espert y Machado se remonta a la campaña presidencial de 2019, durante la cual el empresario proporcionó recursos logísticos, incluyendo el uso de aeronaves. Este vínculo es central en la controversia que rodea los 200 mil dólares que el economista recibió meses después.
La investigación también involucra al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza S.A. La resolución de Mirabelli incluyó medidas patrimoniales contra los implicados, además de restringir la salida del país de Espert.
