A diferencia de los otros 13 procesados en esta causa abierta en mayo de 2025, todos ex empleados de las empresas implicadas, Bisio y Mantecón Fumadó son las únicas ex funcionarias imputadas hasta ahora. La ANMAT está bajo el Ministerio de Salud, cartera que dirige Mario Lugones, quien en julio se constituyó como querellante en el caso, pero que en agosto fue desplazado de dicha posición, la cual, por su naturaleza “privilegiada”, le permitía acceder al expediente, dado que las contradicciones que esto podía generar se volvieron evidentes.
Este cambio llegó en un momento crítico. El mismo día en que la Justicia ordenó un allanamiento en el Ministerio de Salud, donde se secuestró documentación que certifica las entradas y salidas de ese edificio en 2024 y 2025, las detenciones de las ex funcionarias pueden alinearse con la decisión de hace un año de apartar al Ministerio de Salud del rol de querellante, lo que refleja un cambio significativo en el enfoque del caso.
Adicionalmente, en agosto del año pasado, Mantecón Fumadó fue removida de su puesto en el INAME, una de las áreas más relevantes de la ANMAT. En cuanto a Bisio, cuya trayectoria técnica había hecho difícil su reemplazo, renunció en enero de 2026, siendo sucedida por Luis Fontana, un ex directivo de OSDE.
Aunque ambas ex funcionarias se alejaron de la escena principal de este escándalo, es evidente que la Justicia continuó observándolas detenidamente durante el último año. Especialmente se centraron en un evento puntual: una reunión celebrada el 14 de enero de 2025, que Bisio admitió haber llevado a cabo con los referentes de HLB en un momento crítico, justo cuando la Justicia decidía apartar al Ministerio de Salud de su función como querellante.
En su declaración inicial, Bisio había afirmado no conocer a Ariel García Furfaro, dueño y responsable de HLB. Sin embargo, semanas después, admitió haber mantenido un encuentro con él en enero de 2025. Según su testimonio, ese encuentro fue tenso. Sin embargo, esta reunión fue liderada por ella y Mantecón Fumadó. Se produjo dos semanas antes de que las más de 300.000 ampollas contaminadas con bacterias resistentes a los antibióticos comenzaran a distribuirse en centros de salud de cinco jurisdicciones. También ocurrió antes de que, de acuerdo con el informe de la fiscalía, el 8 de febrero de ese año se diera “la primera aplicación del fentanilo contaminado, resultando en el fallecimiento de la primera paciente” el 12 de febrero de 2025.
La orden de imputación a las ex funcionarias se basa en un contundente documento de 192 páginas emitido por el Ministerio Público Fiscal, que en este caso está representado por la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº1, María Laura Roteta, y por Sergio Rodríguez, fiscal nacional de Investigaciones Administrativas. En el documento, se insta al juez del Juzgado Federal Nº3 de La Plata, Ernesto Kreplak, a indagar e imputar a las funcionarias.
El fundamento del requerimiento radica en que las funcionarias tenían conocimiento de las graves irregularidades en las que, como se detalla, incurrían HLB y Laboratorios Ramallo, incluso antes de la producción de los lotes contaminados. En el escrito se afirma: “Antes de que se llevara a cabo la producción y liberación al mercado de los dos lotes de fentanilo contaminados, las máximas autoridades de ANMAT e INAME, Bisio y Mantecón Fumadó, conocían las graves condiciones en las que HLB y Ramallo elaboraban sus especialidades medicinales”.
La fiscalía destaca que los laboratorios mantenían un historial de incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación y control de calidad, así como numerosos reportes sobre desvíos de calidad de los productos. Algunos de estos incumplimientos eran de grave consideración, como el crecimiento de microorganismos, la presencia de hongos, envases mal sellados y formaciones oscuras de origen biológico.
Asimismo, el informe menciona que en 2023, un área técnica del propio INAME había elevado un escrito advirtiendo sobre el riesgo sanitario que representaban estas irregularidades, solicitando una inspección para verificar las Buenas Prácticas de Fabricación. Sin embargo, los fiscales del caso indican que dicha inspección “nunca se llevó a cabo”.
La reconstrucción judicial revela que el 28 de noviembre de 2024, un mes antes de que las ampollas contaminadas fueran fabricadas, la ANMAT realizó una inspección a Ramallo, la planta donde se producían los medicamentos comercializados por HLB. La situación fue sospechosa, ya que, “a raíz de que una funcionaria de INAME advirtió sobre esta inspección el día anterior, el personal del laboratorio preparó un operativo para corregir las fallas más evidentes”.
Se eliminaron residuos y reactivos vencidos, se retiraron materias primas rechazadas, se colocaron carteles de “fuera de uso” en máquinas inoperativas y se reorganizaron diferentes sectores de la planta. A pesar de estas acciones, la fiscalía concluye que “las irregularidades que presentaba el laboratorio eran tan críticas que ni el rápido operativo desplegado hasta horas de la madrugada logró impedir que las inspectoras detectaran deficiencias estructurales que comprometían la calidad, seguridad, trazabilidad y legitimidad de los productos medicinales elaborados”.
Es crucial resaltar que, tras esta inspección, las áreas técnicas de la ANMAT impulsaron dos acciones concretas: 1) impedir que Laboratorios Ramallo continuara produciendo hasta corregir las deficiencias encontradas, y 2) elevar un documento conocido como “proyecto de carta de advertencia”.
Esta carta es central en el proceso. Según señala la Justicia, fue elevada oficialmente el 3 de enero de 2025 (antes de la reunión con García Furfaro en la que Bisio participó). Sin embargo, la fiscalía sostiene que la antigua carta aún carecía de las firmas de las ex funcionarias.
Finalmente, se realizó la firma el 10 de febrero, y su difusión a los efectores de salud del país fue el 24 de febrero. En ese momento, el fentanilo contaminado ya estaba circulando en el mercado, en hospitales públicos y centros de salud privados, ocasionando las primeras muertes.
¿Qué sucedió en esa crucial reunión del 14 de enero? ¿Por qué se postergó la advertencia que pudo haber hipotecado uno de los más graves dramas sanitarios en la historia argentina?
En esa ocasión, “ambas funcionarias mantuvieron una reunión en ANMAT (…) con Ariel García y empleados del laboratorio”, se recupera en el escrito judicial. En este contexto, son determinantes los diversos chats incorporados al expediente, que aclaran que durante el encuentro se acordó “no firmar la carta en ese momento, a la espera de que el laboratorio presentara un plan de acción de modo que, al emitirse, quedara instantáneamente anulada”.
Sin embargo, esos mismos mensajes también sugieren que la ANMAT había convenido en “ayudarlos a conseguir los rótulos y prospectos de algunos productos medicinales que el laboratorio estaba produciendo sin tener esos documentos”.
Con base en la evidencia recolectada durante el proceso, la fiscalía también indica que el 8 de enero de 2025 se discutió la posibilidad de prohibir la comercialización de todos los productos de HLB. Sin embargo, esta medida nunca llegó a implementarse.
La cronología presentada por la fiscalía es reveladora: “Es decir, desde que se elevó el proyecto de la carta de advertencia hasta que se realizó la primera venta a una droguería pasaron 23 días. Si durante ese tiempo, la funcionaria hubiera motivado la actuación de INAME conforme al sentido estipulado en el proyecto de la carta, o requerido cualquier otro curso de acción respecto a la situación informada sobre el riesgo sanitario —como el retiro del mercado o la inmovilización de lotes—, no se hubiera registrado ninguna muerte”.
Las cerca de 200 páginas sometidas a consideración este martes refuerzan que, incluso después de que se firmara la carta que prohibía a Ramallo continuar con la producción, continuaron llegando consultas y avisos desde hospitales, droguerías y técnicos del organismo sobre qué hacer con los medicamentos que seguían en circulación bajo la marca HLB.
La fiscalía tiene constancia de que distintos equipos técnicos de la ANMAT advirtieron a las funcionarias “sobre los riesgos para la salud que implicaban estos productos”, que “podrían causar muertes” y también sobre la posible responsabilidad del organismo. Ante la percepción de que la respuesta no fue la adecuada, la fiscalía sostiene que “las funcionarias no hicieron nada en su debido momento para mitigar o neutralizar el riesgo a la salud de la población que implicaba la comercialización de los productos elaborados por Ramallo bajo la marca HLB”.
En este marco, se le atribuye a Mantecón Fumadó una frase clave. Al plantearse la posibilidad de ordenar el retiro de todos los productos elaborados por Ramallo distribuidos por el país, dijo: “Eso es un montón de guita que está en la calle”.
Bajo esta premisa, la Justicia considera que la responsabilidad de las ex funcionarias se extiende más allá del momento de fabricación del opiáceo. Se habla de “cobertura estatal” y se argumenta que “no solo permitieron que los laboratorios continuaran funcionando y produjeran el fentanilo contaminado, sino que, inmediatamente después de su elaboración, las máximas autoridades de ANMAT e INAME recibieron múltiples alarmas sobre la peligrosidad de los medicamentos”.
“Pese a ello”, concluye el informe, “no tomaron medida de prevención alguna. Proteger la salud de todos los ciudadanos era su función, y no pudieron cumplirla.”
