La decisión fue emitida por el Juzgado Comercial N° 9, dirigido por Javier Cosentino, afectando al grupo empresarial que comprende las compañías Kokoloko y De Niños, que son propietarias de la marca Owoko.
Al ser entidades distintas, los procedimientos se tramitan en expedientes separados. En este contexto, el proceso de Kokoloko ha sido clasificado como un “pequeño concurso”, mientras que De Niños se encuentra bajo el título de “gran concurso”, debido a la magnitud de su deuda y a la estructura de la compañía.
Owoko fue fundada en 2003 como un emprendimiento personal y familiar por María Fernanda González Zeolla, una de las primeras estudiantes de la carrera de Diseño de Indumentaria en la UBA, y por Martín Boero, diseñador industrial. La pareja decidió lanzar una colección de miles de prendas con sus ahorros y préstamos familiares para participar en una feria de moda infantil en Valencia, España.
Pocos meses después, regresaron a España con éxito, superando sus expectativas iniciales. En octubre de 2004, abrieron su primera tienda Owoko en Palermo, Buenos Aires. A partir de allí, comenzaron a recibir numerosas solicitudes de franquicias y tiendas multimarcas a nivel nacional.
Hasta 2018, la marca experimentó un crecimiento considerable, con 42 tiendas en operación (14 propias y el resto franquiciadas), presencia en centros comerciales como Galerías Pacífico y Unicenter, y un equipo de 120 empleados, además de dar trabajo a 500 personas.
La estructura de la marca estaba dividida en dos entidades: Kokoloko, responsable del diseño y producción mediante la colaboración con tejedurías y talleres, y De Niños, enfocada en la comercialización a través de una reducida red de locales propios.
Sin embargo, a partir de 2025, el modelo operativo del grupo comenzó a sufrir un notable agotamiento financiero. En su presentación judicial, ambas entidades indicaron que Kokoloko entró en un estado de cesación de pagos definitivo el 4 de noviembre de 2025.
En su solicitud de apertura, se detallaron factores macroeconómicos y demográficos que impactaron negativamente en su rentabilidad. A esta crisis se sumó un factor financiero crítico: las empresas denunciaron que un “embargo mal trabado” por parte de la agencia de recaudación ARCA (anteriormente AFIP) contra De Niños, en junio de 2025, por una deuda que ya estaba en un plan de pagos, arruinó su calificación crediticia. Según explicaron, este evento llevó al rechazo de cheques y a la inhabilitación de cuentas bancarias, lo que interrumpió el flujo de fondos necesario para su funcionamiento.
