Esta acción constituye una revuelta que incide directamente sobre la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las tres cámaras del sector. La medida amenaza con generar una crisis en esta organización y socavar el poder que el Sindicato de Camioneros ejerce actualmente.
En una reunión celebrada en Córdoba a finales de junio, se acordó que estos empresarios del interior pretenden reemplazar el convenio nacional por un esquema regional que se base en diez puntos, en contraste con los cincuenta del convenio 40/89. Las negociaciones provinciales darían inicio en septiembre y insistieron en que no habrá recortes en el salario neto, según indicaron fuentes del sector.
Las cámaras de San Juan, Mendoza, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras, tienen la intención de presentar esta propuesta de descentralización en una asamblea de FADEEAC programada para el 21 de este mes en Buenos Aires.
FADEEAC, que fue la principal entidad del sector hasta 2019, perdió varias de sus afiliadas que ese año optaron por formar la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL). Esta escisión se dio en el contexto de conflictos internos, aunque siempre se ha sospechado que el Sindicato de Camioneros tuvo un papel influyente en la ruptura.
Bajo la presidencia de Cristian Sanz, FADEEAC, creada en 1967, agrupa en la actualidad a 43 entidades de todo el país y, según su portal, representa al 65% de los empresarios que prestan servicios de transporte, abarcando desde cargas esenciales hasta productos especiales que requieren intervención de ingeniería privada.
Los empresarios del interior buscan tomar el convenio nacional como base, pero planean negociar adaptaciones que consideren las características de cada región. Se prevé la firma de nuevos convenios para las regiones Norte, Centro y Sur del país. Un disidente de FADEEAC expresó: “Hoy, todos pagamos un sueldo pactado en Buenos Aires y algunos vivimos en provincias en crisis; es imposible mantener esa estructura”. Afirmó también que “la decisión está tomada y no daremos marcha atrás”.
Estos movimientos dentro de FADEEAC son una consecuencia de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que ha puesto en jaque el principio de ultraactividad, obligando a la renegociación de todos los convenios colectivos. La nueva normativa establece que los acuerdos de menor ámbito podrán prevalecer sobre los de mayor alcance, lo que altera significativamente el poder del modelo sindical argentino, que históricamente se ha visto respaldado por negociaciones centralizadas y reconocidas por el Estado.
La decisión de los rebeldes podría contagiar a otras cámaras de diferentes sectores, generando preocupación entre los sindicalistas veteranos. En la CGT, ya se manifiestan inquietudes por una posible fragmentación del sindicalismo si se comienza a generalizar el uso de convenios regionales o empresariales, lo que podría agudizar una crisis de representatividad.
El temor se intensifica debido a que la reforma laboral limitó las cuotas solidarias que financian el aparato sindical a través de deducciones forzosas del salario. Estas contribuciones ahora tienen un límite del 2% de los sueldos y una vigencia de dos años, lo que implicaría que tanto empresarios como sindicalistas tendrían que adaptarse a este nuevo marco al renegociar convenios.
El Sindicato de Camioneros, que actualmente impone una cuota del 3%, una de las más altas en el ámbito gremial, estaba evaluando reducir este aporte al 2% en el contexto de la próxima discusión sobre el nuevo convenio colectivo.
Sin embargo, el 1 de julio, un juez laboral detuvo la implementación de ciertos artículos de la Ley 27.802 y su decreto reglamentario respecto al convenio de Camioneros, salvaguardando así la “caja sindical”, que incluye disposiciones relacionadas con seguros de sepelio, subsidios para viudas y la extensión de coberturas de salud, entre otras.
No obstante, el panorama de los convenios regionales se presenta como un verdadero desafío para Moyano. En la actualidad, el sindicato enfrenta dificultades para negociar incrementos salariales que contrarrestre la inflación y para acordar contribuciones empresariales que sostengan su obra social, lo que ha derivado en recortes en prestaciones médicas y malestar entre los afiliados.
Hace dos semanas, durante un debate sobre un nuevo plan de lucha, uno de los líderes de la CGT hizo un llamado vehemente a intensificar las protestas contra el Gobierno, expresando: “Si tengo que morir, prefiero morir de pie”.
